Esta modificación, que tendrá carácter retroactivo, fue anunciada la semana pasada por el vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, e introducida a través de una enmienda del Partido Popular en el trámite que se sigue en el Senado y que tendrá que ser refrendado en un próximo pleno de la Cámara Alta.

Según la enmienda popular, las empresas tendrán un plazo máximo de tres años para dar la información. En un principio la obligación iba a afectar sólo a los pactos que reaizaran desde la entrada en vigor de la ley, pero finalmente será obligatorio también para los acuerdos alcanzados en el pasado, que se tendrán que hacer públicos.

El dictamen de la Comisión de Economía sobre la ley fue aprobado con 11 votos del Grupo Popular y 7 abstenciones de los partidos de la oposición.