Tras este trámite parlamentario, la ley será remitida al Senado, donde, según anunciaron los grupos catalán y vasco, tratarán de introducir nuevas modificaciones para que se haga extensivo a los miembros de las policías autonómicas el beneficio de quedar exento de realizar la "mili", al igual que estipula el proyecto para los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía.

Los socialistas necesitaban el apoyo del Grupo Popular para poder sacar adelante la ley, debido a su carácter orgánico. El portavoz del PP, Santiago López Valdivielso, justificó la postura de su partido en la necesidad de establecer un consenso sobre todos los temas relacionados con la defensa nacional.

Sin embargo, manifestó tener serias dudas de que el texto pueda ser aplicado realmente,debido al recorte presupuestario que ha sufrido el Ministerio de Defensa para el próximo año. La falta de dinero ha provocado que los ejercicios militares hayan tenido que ser reducidos a la mitad y que el Gobierno no disponga de fondos para mejorar los acuartelamientos y las condiciones de vida de los soldados.

López Valdivielso aseguró que votaban favorablemente para demostrar que el PP ejerce de "oposición seria, como deberán ejercer ustedes cuando lo sean".

El ministro de Defensa, Julián Garca Vargas, afirmó al finalizar el debate que estaba satisfecho de la actual redacción de la ley y se mostró abierto a modificarla en el Senado en lo referente a las policías autonómicas.

PENA DE MUERTE Y DERECHOS

Los socialistas mantuvieron, pese a las propuestas presentadas por el Centro Democrático y Social e Izquierda Unida, la pena de muerte en caso de guerra para los militares ya que, en su opinión, el supuesto estaría restringido a casos muy concretos (espionaje y deserción) que dispondrían de odas las garantías legales.

Tampoco aceptaron que los soldados puedan sindicarse o formar asociaciones de carácter reivindicativo ni que en los registros de las dependencias personales de los reclutas (taquillas) esté presente la autoridad judicial.

Igualmente, rechazaron la posibilidad de que los ayuntamientos se inhiban del reclutamiento de los jóvenes y se negaron a regular la objeción de conciencia, por considerarlo un debate "artificial".

Por el contrario, los ponentes socialistas, Jord Marsal y Federico Sánz, sí aceptaron, con el fin de matizar la ley, que la edad de alistamiento oscile entre los 19 y los 24 años para respetar las preferencias de los jóvenes, "en la medida en que lo permitan las necesidades de reclutamiento y mediante procedimientos que aseguren la igualdad de oportunidades".

También introdujeron ciertas variaciones en la ampliación de prórrogas y en el respeto de las inclinaciones de los interesados respecto a la localización geográfica, ejército y áreas de cometios en las que desean prestar el servicio militar.

ENFERMEDADES

La ley fue modificada para que "el tiempo transcurrido en situación de baja, como consecuencia de accidente, enfermedad, limitación física o psíquica contraídos durante el período de prestación del servicio militar, sea computado como tiempo de cumplimiento".

Asimismo, se introdujo una mejora para que quienes cumpliendo el servicio militar fallezcan, desaparezcan, se inutilicen o padezcan lesiones, siempre que sea en acto de servici o como consecuencia del mismo, tendrán derecho a recibir una pensión o indemización.

En este capítulo, tendrán consideración de accidentes en actos de servicio los que se produzcan al ir o al volver al lugar de destino. Es decir, que a partir de la entrada en vigor de la ley, los jóvenes que sufran accidentes de tráfico al ir o regresar a sus casas recibirán una compensación económica.

El polémico artículo que estipulaba que todos los varones que tuviesen cumplida la "mili" tendrían más facilida para ingresar en la Administración Pública, se transformó en "para el ingreso en la Administración Militar y en la Guardia Civil".

SOLO EN EL BANCO AZUL

El ministro de Defensa permaneció solo en el banco azul durante las cinco horas que duró el debate. Cuando se produjeron las votaciones, se incorporaron al mismo los titulares de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero; de Cultura, Jordi Solé Tura, y de Asuntos Sociales, Matilde Fernández.

Pese a su soledad y su no intervención en el plen, los miembros del Gabinete no dejaron de expresar su satisfacción al terminar el trámite parlamentario, que deberá repetirse en el Senado.

Cuando entre el vigor la nueva ley, los reclutas españoles realizarán nueve meses de "mili" obligatoria, podrán manifestar sus preferencias a la hora de incorporarse a filas, tendrán que hacer el servicio militar entre los 19 y los 24 años, estarán más especializados y no podrán crear asociaciones para defender sus derechos.

Por el contrario, les será aplicad la legislación militar cuando sean sancionados, aunque podrán participar en misiones en el extranjero, como en el Golfo Pérsico.

En este último supuesto, antes de salir de España el Parlamento deberá de estar informado sobre por qué lo hacen y el carácter de sus operaciones, según aseguró García Vargas.