La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, sostuvo que la tasa, que entrará en vigor el próximo 10 de abril, implica “otro ataque” a la autonomía municipal, al impedir que los ayuntamientos hagan uso de su libertad a la hora de elegir su modelo de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, “sin considerar el tamaño, población, recursos económicos o situación financiera de cada localidad”

Martín insistió en que la Directiva de Residuos de la UE no impone directamente a los Estados miembros la obligación de establecer la tasa de basuras, como defiende el Gobierno, ya que da otras alternativas como las inversiones en infraestructuras para mejorar las técnicas de gestión de residuos.

Asimismo, aseguró que la tasa media de basuras cubre solo el 60% del coste total de la gestión de residuos, que asciende a unos 3.800 millones de euros anuales en toda España.

La decisión del Ejecutivo dijo Martín, “obliga a los ayuntamientos a ajustar la tasa para cubrir el coste completo, lo que implica un aumento significativo del recibo para los ciudadanos, perjudicando a las familias de clase media y con menos recursos”.

AUTONOMÍA MUNICIPAL

El PP, a través de sus mociones, reclamará el respeto a la autonomía municipal y el reconocimiento a la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos, para que las entidades locales puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos.

Además, exigirán al Gobierno que realice un estudio detallado que permita definir el coste del servicio y la puesta en marcha de un plan nacional de infraestructuras para la economía circular que apoye la creación de sistemas de tratamiento de residuos para cumplir los objetivos europeos.

También pedirán al Ejecutivo que contribuya a sufragar las campañas de comunicación de los ayuntamientos para incentivar la concienciación ciudadana de compromiso con la separación de residuos.

Por último, el PP advierte que la “falta de claridad” en el texto normativo, provocará que los ayuntamientos hagan diferentes interpretaciones de la aplicación de la norma, lo que generará un “caos tributario” con cientos de recursos ante los diferentes tribunales de Justicia.