En su opinión, "la excesiva generalidad de muchos preceptos de la ley y en especial su falta de desarrollo reglamentario en aspectos muy relevantes han hecho que su eficacia real para proteger los derechos de los consumidores haya quedado muy limitada".

En concreto, según Burgos, el PP quiere regular y actualizar el desarrollo de un régimen de garantías para las compras de bienes y servicios, la configuración de un esquema de responsabilidades de los vendedores más eficaz y claro" que el actual y la garantía del acceso a espacios informativos públicos de las asociaciones de consumidores.

Además, también quiere regular el control riguroso de los estudios y análisis comparativos de productos y las oficinas de información al consumidor de titularidad privada. A su juicio, todos estos aspectos constituyen "una muestra clara de que dicha ley se ha quedado en una mera declaración de principios, pero no ha afrontado y dado respuestas a los problemas de orden práctio con los que se enfrentan los consumidores todos los días".

Burgos explicó que el objetivo del PP es configurar un nuevo modelo de relaciones de consumo que integre todas las actuaciones administrativas y las políticas de los poderes públicos en una estrategia común.

"De nada sirva una ley avanzada, si en once años se queda anticuada por ausencia de desarrollo de sus preceptos más importantes. Lo exigible a un Gobierno no es sólo que haga aprobar buenas leyes, sino que vele por su correcto y comleto cumplimiento", concluyó Burgos.