La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Loyola de Palacio, señaló en el Congreso que "la no tutela judicial en la recogida por las fuerzas y cuerpos de seguridad de datos sensibles (raza, hábitos sexuales, religión) puede ser un supuesto de inconstitucionalidad". La diputada del PP calificó la ausencia de control judicial al recabar esta clase de información de "atentado contra los derechos y libertades de los ciudadanos".

De Palacio indicó que también podía entrar en el mismo supuesto de inconstitucionalidad la exención del derecho a ser informados a aquellos ciudadanos a los que se soliciten datos personales, cuando, como dice el proyecto, "la información al afectado impida o dificulte gravemente el cumplimiento de las funciones de control y verificación e las administraciones públicas".

La propuesta popular sí mantiene, en cambio, las demás limitaciones que figuran en el proyecto del Gobierno: cuando afecte a la defensa nacional, a la seguridad pública o a la persecución de infracciones penales o administrativas.

El PP pretende con las enmiendas presentadas al proyecto de ley "evitar zonas exentas y crear una institución de control auténticamente independiente", en referencia a la Agencia de Protección de Datos (APD), órgano encargado de velar pr el cumplimiento de la ley.

Loyola de Palacio abogó por que la APD adopte la figura de un "comisionado parlamentario asesorado por un consejo" y que sus resoluciones tengan un carácter ejecutivo. La portavoz popular explicó que ya hay un precedente en el Consejo de Seguridad Nuclear.

"Como el proyecto del Gobierno siga manteniendo la APD como un órgano meramente administrativo, el PP no dará su voto favorable", advirtió la diputada popular.

De Palacio aseguró que el planteamiento del proyeco de ley presentado por el Gobierno "no está en absoluto contemplado ni en el proyecto de directiva comunitaria ni en el convenio del Consejo de Europa", ratificado por España en 1984.

El PP también criticó los controles y limitaciones "exorbitados" que el proyecto impone, en su opinión, a las empresas de venta por correo que utilizan ficheros públicos, es decir, nombre y dirección del ciudadano, aunque no los dirigidos a aquellas que se sirven de información más específica (por ejemplo, hábitos de cosumo obtenidos a partir de la utilización de tarjetas de crédito).

"Lo que importa es el derecho del ciudadano a no ser bombardeado por la publicidad si no quiere", señaló Loyola de Palacio, quien citó como práctica de otros países que los sobres de la propaganda lleven un apartado para poder devolver la carta a la empresa remitente, pidiendo ser dado de baja en ese fichero.

"Esperamos y confíamos que, a lo largo del debate, el grupo socialista entre en razón", concluyó la portavoz popular.

ENMENDA DE EA

Por su parte, el portavoz de Eusko Alkartasuna en el Congreso, Joseba Azkárraga, anunció hoy la presentación por parte de su grupo de una enmienda a la totalidad al proyecto de Lortad.

Azkárraga entiende que se trata de un texto "ideado no tanto para defender al ciudadano ante la Administración, sino para fortalecer a la Administración contra el derecho a la intimidad de los ciudadanos".

El proyecto de ley no garantiza los ámbitos de intimidad que intenta proteger, "porque la ley mpide el control por parte de los afectados sobre la veracidad y destino que se da a estos datos personales", según el diputado vasco.

"Nos encontramos ante un proyecto de ley redactado de forma peligrosamente amplia, a la vez que extraordinariamente ambigua y que, al igual que con la Ley de Seguridad Ciudadana, se incide en los derechos individuales desde la arbitrariedad y el abuso", afirmó Joseba Azkárraga.