Gamir, que presentó en rueda de prensa un decálogo sobre las ideas que deberían dominar la política económica del Gobierno, calificó a ésta d "esquizofrénica" porque, aseguró, "existe poca coincidencia entre lo que se dice y luego se hace".

El dirigente popular anunció que su partido presentará en las próximas semanas varias interpelaciones en el Congreso para que los minitros del área económica expliquen "cual es realmente la política que están realizando".

En su opinión, "el Gobierno nos tiene acostumbrados a no cumplir nada de lo que dice", y añadió que "es imposible iniciar un Plan de Covergencia con un presupuesto expansivo como l de este año".

Según Gámir, el presupuesto obliga a corregir los desequilibrios económicos con una política monetaria rígida, que impide rebajar los tipos de interés a los niveles que exige la CE.

Agregó que existe el riesgo de una política presupuestaria similar en 1993, "año en el que tendrán lugar las elecciones y, por tanto, es previsible otro presupuesto electoralista, con lo que la auténtica convergencia no comenzaría hasta 1994".

También expresó su temor a que el debate se centre demsiado en la convergencia para la UEM, para la que hay de plazo hasta 1997, y se olvide que el reto de la competencia comunitaria sin barreras arancelarias comienza en 1993.

A su juicio, el Gobierno debe tomar medidas para mejorar la competitividad de la economía española rápidamente. Apuntó, entre otras propuestas, la reducción del déficit, unos tipos de interés más bajos, un tipo de cambio de la peseta que permita la competencia de las empresas españolas, y un programa de privatización de empresas y ervicios públicos.

PRIVATIZACION

Gamir aseguró que el PP está preparando un "Libro Blanco sobre la política de privatización y desregulación en España", en el que propondrá, explicó, "un modelo mixto de gestión que mantenga la titularidad pública".

La propuesta popular reconoce el derecho del Estado y el Parlamento a decir cómo deben funcionar algunos servicios, quienes deben beneficiarse de ellos y cómo se controla el cumplimiento de estos mandatos, mientras que deja la gestión a la iniciativaprivada.

Este modelo, añadió, sería aplicable a varios servicios básicos como la Sanidad Pública, el transporte y las comunicaciones, entre otros, "y permitiría introducir en la Administración un criterio de eficacia en la gestión que el presupuesto público, por el fuerte ritmo de crecimiento que ha tenido, no ha sido capaz de asimilar".

Respecto a la conflictividad laboral que vive la capital de España en los transportes públicos, Gámir dijo que su partido "considera necesaria la Ley de Huelga",y ratificó las declaraciones de la diputada popular Celia Villalobos, en las que dijo que "la autorregulación que reclaman los sindicatos no serviría de mucho en España".

Para los dos dirigentes del PP, "el problema no son las grandes centrales sindicales, en cuya disciplina confiamos para aplicar la autorregulación, sino los movimientos asemblearios que dominan la mayoría de los conflictos como los que padece ahora Madrid, y esos no se van a autorregular el derecho a la huelga".