Además, asumió que Sánchez no invocará el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para cesarle por “incumplimiento grave de sus funciones” porque “cumple los estándares de decencia de su partido, de su Gobierno y de su familia”, y “todo lo que ha hecho ha contado con el beneplácito del Palacio de la Moncloa”.

Fuentes populares valoraron así las informaciones conocidas en las últimas horas, por las que reclamaron la dimisión de García Ortiz. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha apreciado una “participación preeminente del fiscal general del Estado en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada” tras la querella que presentó el novio de Ayuso. Al mismo tiempo, el diario ‘ABC’ ha publicado que esa filtración procedió de La Moncloa a través de la jefa de gabinete del ministro Óscar López.

Para el PP, estos dos hallazgos revelan dos “errores” de Sánchez “en su persecución al Partido Popular”. Primero, que implicó a López, quien entonces era su jefe de gabinete, “en la filtración de información confidencial de un ciudadano particular”. Y segundo, que encargó al fiscal general del Estado “un supuesto delito penal, como es la publicación de datos privados que solo deberían estar en poder de la Agencia Tributaria”.

“La Fiscalía ha de perseguir el delito. No ampararlo y mucho menos cometerlo”, avisaron desde Génova. “Álvaro García Ortiz, imputado ya por el Tribunal Supremo y que cuenta con el rechazo mayoritario de la carrera fiscal, es desde hoy señalado por la Guardia Civil por su implicación en unos hechos constitutivos de delito. No puede seguir un minuto más en el cargo, y Pedro Sánchez solo le protege”, añadieron las mismas fuentes.

Además, consideran que el hecho de que la fiscal provincial de Madrid bromeara con él sobre la nota de prensa de los datos particulares de la pareja de Ayuso diciendo se podría añadir “un poquito de cianuro” es un hecho que “le inhabilita” para el cargo que ostenta.

En esta coyuntura, el PP acusó a Sánchez de trasladar a la Justicia “la degradación que trajo a la política” al abocar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado “a chocar contra los tribunales de justicia” por defender a García Ortiz y a su esposa, Begoña Gómez, respectivamente.