El objetivo de todos es que los servicios previstos en la ley de dependencia lleguen hasta todos los ciudadanos que los necesiten, pero si para ello no se aumenta la financiación estatal y el peso mayor del gasto recae en las comunidades, al final, las CCAA caerán en "bancarrota", dijo Méndez a la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, que compareció en la comisión del mismo nombre de la Cámara Baja.

Y es que, aseguró esta diputada popular, la responsabilidad que el Estado ha dejado en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas a la hora de poner en práctica la ley de dependencia es "excesiva", ya que los fondos aportados este año por el Ejectutivo son "insuficientes". Por este motivo, continuó, el despliegue de la ley "no es viable".

En su intervención, Méndez pidió a Cabrera "trasparencia" en la información sobre el despliegue de la ley de dependencia, algo en lo que coincidió con Carles Campuzano, de CiU, que señaló que el máximo "pecado" de este Gobierno con respecto a la dependencia han sido las expectativas generadas tras la entrada en vigor de la norma.

Con respecto a la transparencia, la titular de Política Social se comprometió a "procurar" la máxima posible, si bien añadió que es algo que corresponde hacer adecuadamente también a las comunidades autónomas.

Según dijo, el despliegue de la ley es compartido por todas las administraciones, por lo que todas ellas han de colaborar para que se haga de la mejor forma posible. "Esto no va a funcionar si no legitimamos el apoyo político que la ley tuvo" en su aprobación, aseguró.

Por su parte, Joan Tardá, de Esquerra Republicana, denunció ante la titular de Política Social que 20 meses después de la entrada en vigor de la ley de autonomía personal no se hayan aprobado todavía dos relamentos importantes para su desarrollo, como son el del copago de los beneficiarios y el de la calidad de los centros de atención a personas en situación de dependencia.

Por último, Olaia Fernández, por el Grupo Mixto, aseguró que Estado y CCAA no están financiando al cincuenta por ciento, como prevé la ley, la atención de las personas dependientes. Además, añadió, las previsiones económicas de la ley "están superadas por la realidad"