Según informó el vicepresidente segundo de la Mesa, José Rieta, delPP, Barrera "no consideró durante estos años que se debieran hacer retenciones fiscales sobre las cuantías entregadas a los diputados, a pesar de conocer un informe del interventor de la Cámara en el que se advertía que se podía estar cometiendo fraude de ley".

Rieta aseguró que el presidente de la Cámara ocultó a los grupos parlamentarios el texto del informe elaborado el 17 de diciembre de 1992 y en el que el interventor aduce que se produciría fraude de ley por parte de las Cortes, porque "con el auerdo de la Mesa se alude al pago de dietas cuando se abonan a los diputados cantidades por el concepto de gastos de desplazamiento".

Según los datos aportados por el dirigente del PP, sacados del registro de las Cortes, durante 1991 cada diputado recibió un total de 1.810.224 pesetas como gastos de secretaría y el año pasado 3 millones de pesetas en concepto de desplazamientos.

Los responsables del PP aseguraron que el interventor de las Cortes, Federico de Diego Espuni, redactor del informe quedetectó supuestas anomalías en las cuentas de los populares, "fue integrado como funcionario fijo sin haber opositado y después de haber sido nombrado personal de confianza a propuesta del presidente de la Cámara".

Añadieron que el interventor pasó a ser en menos de un año el funcionario que tiene las mayores retribuciones complementarias de la Cámara, la última de ellas superior a los dos millones de pesetas.

Rieta anunció que su grupo parlamentario solicitará la revocación del nombramiento del nterventor y estudiará las responsabilidades del presidente de las Cortes en estos hechos.

A su juicio, "todos estos datos vienen a confirmar que las supuestas anomalías del Grupo Parlamentario Popular son un montaje político dirigido para evitar que el PP pueda hacer una oposición eficaz al Gobierno de José Bono".

La semana pasada, la Mesa de las Cortes decidió requerir al Grupo Parlamentario Popular cerca de 200 millones de pesetas que recibió de la Cámara en concepto de subvenciones entre 1988y 1922 y que no fueron justificadas. Asimismo, remitió las cuentas del PP a los servicios jurídicos de la Cámara por si hubiera incurrido en algún delito.