El ICF "es una máquina de favorecer discriminatoriamente a amigos y correligionarios. El ICF es una herramienta electoral de CiU pagada con el dinero de todos los catalanes", dijo Curto.

Asimismo, afirmó que "entre avales y créditos se concedieron durante 1993 un total de 13.563 millones de pesetas. Si tenemos en cuenta el resultado de la inestigación llevada a cabo por el Grupo Parlamentario Popular y tomando como referencia que de los créditos concedidos durante 1992 se encuentra en situación de impagados, morosidad o ejecución judicial un total de 3.000 millones de pesetas, para 1995 existe un riesgo evidente que de los créditos concedidos en el ejercicio de 1993 representan una morosidad de 4.000 millones de pesetas".

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Cataluña considera que "todos los responsables políticos que intervenen en la aprobación, instrumentación y formalización de los créditos se caracterizan por su falta de capacidad, de oficio y de fuerza moral para tomar las medidas adecuadas que permitan aportar soluciones políticas y profesionales al actual descontrol del Instituto Catalán de Finanzas".

"En definitiva", continuó, "hay que replantearse seriamente la naturaleza, funcionalidad y finalidad del ICF e incluso su misma existencia. Pero en cualquier caso, la solución política pasa por que sus responsables drectos sean destituidos y la solución profesional por exigir afianzamiento de los riesgos que se contraen a la hora de conceder los distintos avales y créditos".

Josep Curto dio a conocer algunos de los casos "más paradigmáticos" en torno a la política de concesión de créditos y avales de la Generalitat de Cataluña, entre ellos la concesión de un crédito de 100 millones de pesetas a la empresa Fibra e Hilados Esteva S.A., a pesar de que un informe financiero de la empresa Dun and Bradstreet destaca qu el flujo de caja es negativo, que los recursos propios de la empresa son negativos y que la situación económica del grupo es muy mala.

Otro ejemplo citado por el PP es la concesión de un crédito de 100 millones de pesetas a la empresa Ediciones Polígraga S.A. En el informe del ICF se señala que está en situación de quiebra técnica.