Gámir señaló que "el grado de discrecionalidad e intervención que se ha reservado el Gobierno es superior al deseable", porque "al controlar quién compra más de un 5 por cien en una empresa pública permitirá al Gobierno un núcleo duro de capital en manos de la Administración, y el resto en manos de entidades o empresas que le gusten a la Administración".

"Esto puede llevar a qu las actuales empresas públicas estén llevadas bien por el Gobierno o bien por quien le guste al Gobierno, y por tanto le será fácil a éste controlar el dinero que generen las privatizaciones y el poder y la gestión una vez privatizada la empresa".

A su juicio, el Ejecutivo señala que el modelo escogido se basa en el sistema francés, "pero es bastante más intervencionista, a pesar de que el sistema galo es el más interventor de los conocidos".

Uno de los aspectos que más preocupan al PP, según Gáir, es la posibilidad que se ha reservado el Ejecutivo de intervenir en cada proceso de privatización mediante decretos, lo que da a la venta de acciones en empresas públicas una "discrecionalidad gubernamental" que acabará afectando al valor de los títulos puestos en venta.

"Cualquier cortapisa que pongas a un proceso de venta de empresas públicas supondrá una devaluación del precio de salida, y el elevado intervencionismo del proyecto elaborado por el Gobierno no cabe duda que no permitirá un preciofinal de mercado", agregó.

DEMASIADAS INCOGNITAS

Esta discrecionalidad, dijo, es fruto de la insuficiencia de un proyecto que no especifica qué sectores son estratégicos para el Gobierno, qué empresas deben privatizarse al 100 por cien, cuáles deben venderse parcialmente, cuáles deben seguir siendo del Estado, además de determinar explícitamente a dónde debe ir a parar el dinero que se gane con esas ventas.

Gámir especificó que el criterio del PP es el de que los ingresos de las privatizacionesse destinen a reducir el déficit público y no a tapar los agujeros de grupos industriales del Estado provocados por una mala gestión.

Este criterio está incluido en una clasificación que han hecho los técnicos del Partido Popular de todas las empresas públicas del país, mediante un análisis pormenorizado de cada una de ellas, y que ha permitido dividirlas en cuatro grupos: el primero en el que las integrantes pueden ser vendidas al 100 por cien; el cuarto, en el que no se recomienda la venta, y dos grpos intermedios.

Aunque señaló que se trata de un documento técnico interno cuyo contenido no será revelado, sí concretó que hay claros ejemplos de empresas públicas en las que no tiene sentido la propiedad del Estado, como Auxini y Muxini, dos aseguradoras del INI-Teneo a las que difícilmente se les puede achacar un carácter estratégico en la economía española.

Dicha clasificación es la que el PP ha incorporado a su propuesta de Estatuto de la Empresa Pública, en la que se recogen los criterios e un eventual gobierno de los populares para el sector público empresarial.