"Usted ha dicho que el nivel conveniado se está liquidando desde julio y es falso, ya que las comunidades recibieron la semana pasada los 17 borradores de convenios y hasta el próximo día 28 no aportarán sus propuestas", lo que significa que "este año se firmarán los convenios en navidades, cuando deberían haber entrado en vigor el pasado 1 de enero", afirmó Barrachina.

Por este motivo, "hay cada día más voces dentro del PSOE que piden la paralización de la Ley de Dependencia", dijo el diputado Popular en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte de la Cámara Baja, donde hoy compareció Valcarce.

En su intervención, la secretaria de Estado aseguró al diputado popular que todas las comunidades autónomas han recibido ya el dinero correspondiente a los tres primeros trimestres de este año, tal y como marca el texto que regula el reparto de este dinero.

La Ley de Dependencia fija un nivel mínimo para todos sus beneficiarios pagado por el Estado y otro, conocido como nivel acordado, que sufragan Estado y comunidades mediante convenios y que tiene en cuenta, además del número de beneficiarios de la ley, aspectos como la renta per cápita de la región o la dispersión geográfica que exista en ella.

Por otra parte, Barrachina denunció también que el Gobierno tampoco ha querido presentar un informe sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia, tal y como manda la norma, porque "es difícil dar cuenta serena del calamitoso resultado que está produciendo en algunas comunidades autónomas".

En este sentido, la secretaria de Estado afirmó que el Comité Consultivo de la Dependencia ya ha elaborado el informe correspondiente al funcionamiento de la ley en 2007, que llegará al Parlamento cuando haya pasado por los órganos que deben analizarlo.

Pese a los "resultados calamitosos" de la ley, aseguró Barrachina, el PP no quiere paralizar el funcionamiento del sistema de la dependencia, como sí han pedido algunos socialistas.

El Gobierno, insistió Valcarce, tampoco quiere hacerlo, pues está convencido de que en política social no deben acometerse "ni recortes, ni retrasos".

A este respecto, Carles Campuzano, de CiU, pidió al Ejecutivo que cambie la Ley de Dependencia si de verdad está convencido de que no debe haber ni recortes ni retrasos en su financiación.

PRESTACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIACIÓN

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular, al igual que el Vasco, destacó que el sistema de dependencia está concediendo más prestaciones económicas de las que debería, pues el texto las concibe como excepcionales, y aboga por que primen los servicios sobre las ayudas económicas.

Esto, aseguró Barrachina, está haciendo no sólo que no se esté creando empleo, sino que se esté "rayando la destrucción" de puestos de trabajo, algo que desmintió la secretaria de Estado, quien insistió en que desde la entrada en vigor de la norma de la dependencia, en 2007, el empleo dentro del ámbito de los servicios sociales se ha incrementado en un 29%.

El PP coincidió con el resto de grupos parlamentarios, excepto con el PSOE, al mostrar su preocupación por la sostenibilidad del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que, según dijeron, está en peligro.

"¿Cómo lo va a hacer para que la Ley de Dependencia no descarrile?", preguntó el diputado de Esquerra Republicana Joan Tardá a la secretaria de Estado, quien reiteró que el Gobierno Zapatero ha incrementado sobre lo previsto el presupuesto de dependencia para 2009 en un 33 por ciento.