Muñoz denunció que "con el consentimiento" del Gobierno de Pedro Sánchez “se discrimina a las personas que utilizan el castellano como lengua vehicular, se impone un modelo lingüístico y se incumplen las sentencias”.

Lo dijo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya suspendido cautelarmente el decreto con el que la Generalitat quería blindar el catalán como lengua vehicular en los proyectos lingüísticos de los centros, aceptando así el recurso de Asamblea por una escuela bilingüe. Este decreto permitía a la Generalitat mantener el catalán como única lengua vehicular garantizada, "haciendo caso omiso a diferentes sentencias del TSJC, el Tribunal Supremo y el Constitucional, que exigen que el español tenga la misma consideración".

Esta decisión, a juicio de Muñoz, evidencia que el acuerdo del Ministerio de Educación y la Consejería de Educación del Govern de Cataluña recogido en el Plan de trabajo de Legislatura de diciembre de 2023 no alcanza a comprobar y velar por el cumplimiento de las sentencias y la doctrina constitucional para garantizar la educación en castellano. “El Gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado a los alumnos en la defensa de su derecho constitucional a utilizar el castellano como lengua vehicular en la educación. Tampoco ha adoptado las medidas correctoras recogidas en el Dictamen de 2024 de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo del 19 de marzo, que reconocía que el contumaz incumplimiento de las sentencias judiciales, choca frontalmente con uno de los principios fundacionales de la Unión Europea: el respeto al Estado de derecho”, subrayó.

Muñoz incidió en el que "castigo" del Ejecutivo al alumnado en Cataluña, una comunidad que cuenta con los peores resultados en comprensión lectora en el informe Pirls 2021 y que se situó por encima de la media española en abandono educativo temprano (14,8% frente al 13,7%) en 2023 y de todos los países de la UE en 2022. Igualmente, los alumnos de Cataluña finalizaron la ESO con el nivel histórico más bajo en Lengua Catalana y Castellana —las notas medias en Lengua Catalana bajan de 74,1 a 72,3, mientras las de Castellana de 75,2 a 71,6 —.

Además, denunció, "se ha tenido conocimiento de que la Delegación del Gobierno en Cataluña solo cuenta con una persona que trabaja en la Alta Inspección de Educación este 2024. Según una resolución de Transparencia, en enero de este año se ha reducido el personal en esta área un 66% respecto a 2023, cuando figuraban tres trabajadores. Cabe señalar que queda pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional la normativa catalana que elude el cumplimiento de la STSJ de Cataluña para garantizar el uso de las lenguas cooficiales al menos en un 25%", concluyó el PP.