EL PP ACUSA A GARZÓN DE ACTUAR POR INTERÉS POLÍTICO Y NO PARA APLICAR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
El secretario general del Grupo Popular del Congreso, José Luis Ayllón, se mostró hoy convencido de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón actúa más movido por "intereses políticos" que por "la aplicación nítida del ordenamiento jurídico".
Desde el Grupo Popular reclaman al magistrado "transparencia" en la instrucción del "Caso Gürtel" y que se limite a hablar a través de sus autos y sentencias, sin violar en ningún caso el secreto sumarial.
Lo esperable de la actuación de un juez, indicó Ayllón, es que sus decisiones sean adecuadas al ordenamiento jurídico, mientras que los populares están convencidos de que los actos de Garzón "están mucho más motivados por intereses políticos que por la aplicación nítida del ordenamiento jurídico".
El juez Garzón ha vuelto a tomar declaración como testigo a José Tomás García, empleado de las dos tiendas en las que supuestamente fueron adquiridos varios trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps, por parte de la trama liderada por Francisco Correa.
El sastre, que llegó a la Audiencia Nacional sobre las 9.45 horas, estuvo cerca de una hora en el despacho de Garzón en la que fue su segunda comparecencia ante el magistrado. A la salida de los juzgados, tanto él como su abogado rechazaron hacer ningún tipo de declaración y no quisieron explicar el motivo concreto de esta nueva comparecencia.
José Tomás García compareció en el Juzgado Central de Instrucción número 5 como testigo de la causa, en la que se investiga una presunta trama de corrupción que habría ofrecido dádivas y sobornos a autoridades y funcionarios de administraciones del PP de Madrid y Valencia.
El sastre parece ser un testigo clave dentro de la investigación, ya que conocería de primera mano los supuestos regalos que habría recibido Camps a cambio de favorecer presuntamente a las empresas de Correa, unas dádivas que Garzón valoró en más de 12.783 euros en el auto por el que aconsejó al Tribunal Superior de Justicia de Valencia la imputación del presidente de comunidad autónoma.
(SERVIMEDIA)
13 Mar 2009
CAA