Con estas manifestaciones Bardisa criticó la iniciativa del Ejecutivo regional de crear un cuepo de vigilantes públicos, integrado actualmente por 37 efectivos, cuyo cometido es velar por la seguridad de los edificios dependientes del Gobierno autonómico.

Para Bardisa, la contratación de estos vigilantes es una medida "muy costosa y escasamente útil", sobre todo si se tiene en cuenta que pronto entrará en vigor el acuerdo con el Ministerio del Interior por el que se adscriben miembros del Cuerpo Nacional de la Policía a la Comunidad de Madrid.

A juicio del diputado popular, la contratació de los 37 vigilantes, además de suponer "un gasto innecesario en una época de marcada crisis", contraviene la Ley de Seguridad Privada, que dice expresamente que "únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y personal de seguridad privada".

En un comunicado difundido hoy, Bardisa considera que el nombramiento de los vigilantes de seguridad ha dado lugar a una nueva figura de policías, hasta ahora inexistente. En su opinin, la creación de vigilantes públicos es "de dudosa legalidad, costosa y poco útil".

Por todo ello, el diputado popular ha pedido la comparecencia del Consejero de Cooperación, Virgilio Cano, para que explique todo lo relativo a la contratación de estos vigilantes.

En la nota hecha pública hoy, Bardisa se refiere también al despido de tres de estos vigilantes unas horas después de que fueran nombrados y habiendo completado los estudios requeridos en la Academia Regional de Estudios de Seguridad "in que hayan dado ningún tipo de explicaciones sobre las razones que han motivado estos hechos".