Añadió que le parece "muy bien" que Convergencia i Unió plantee su prgrama al PSOE, pero no "que se den votos en los Presupuestos Generales del Estado, no a cambio de programas, sino a cambio de una mayor financiación para una comunidad autónoma, en detrimentos de otras".

Rajoy señaló que el acuerdo de cesión del 15 por ciento que pretende conseguir el Gobierno es "una chapuza". Opinó que, aunque no pone en peligro la integridad nacional, sí podría comprometer un desarrollo regional armónico.

Añadió que la corresponsabilidad fiscal debe realizarse previo pacto ente "las grandes fuerzas nacionales", por lo que pidió un diálogo "franco y abierto" que preserve el consenso constitucional sobre la organización territorial del Estado.

En su opinión, así se evitarían "entre otras cosas" espectáculos como los que se han dado en los últimos días "donde dirigentes políticos de distintas comunidades llegaron a insultarse".

"Debe hacerse un acuerdo del que formara parte Convergencia i Unió, el Partido Socialista, el Partido Popular y todos los que quisieran sumarse",recalcó.

Por su parte, el senador popular Alberto Ruiz Gallardón declaró a Radio Nacional que los consejeros de Economía del PP se opondrán a la fórmula de cesión del IRPF propuesta por el Gobierno en la reunión que mañana, jueves, celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Adujo que esa fórmula no contribuye a la corresponsabilidad fiscal y que los populares no tolerarán que "se ponga precio" a esta medida.

"Ha sido verdadereamente asombroso oir declaraciones de Pujol (el presidete de la Generalitat) durante los últimos días diciendo que por 80 millones de pesetas al mes no iban a dar esta batalla", nidicó.

Ruiz Gallardón señaló que esa cantidad "a unos les parecerá mucho y a otros poco, pero en todo caso se ha fijado un precio, y lo cierto es que nosotros hemos ofrecido al Gobierno socialista un acuerdo gratis, sin más contrapartidas que defender los intereses tanto de las comunidades autónomas como de la Administración Central del Estado".

A su juicio, la cesión del IRF a las autonomías "no es buena ni mala en si misma, porque no es un objetivo, es un instrumento" y no debe realizarse sin garantizar a todos los españoles igual acceso a servicios y prestaciones fundamentales, como sanidad y educación.