Esta campaña publicitaria surgió con motivo del convenio suscrito el pasado mes de enero entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de la Comunidad Valenciana, en el que se contemplan varias actuaciones hidráulicas en la cuenca del río Júcar.

Según el diputado regional del PP Rogelio Pardo, "la Junta ha utilizado de forma irregular y desmedida fondos públicos para mantenerse en el poder".

El PPestima que el Ejecutivo regional vulnera con esta campaña los artículos 103 y 106 de la Constitución, relativos a la legalidad y objetividad de la actuación administrativa.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha queda bajo sospecha de incumplir el Código Penal porque está rayando los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos", afirmó Pardo.