Y compartió con Ábalos –quien, en declaraciones al diario ‘El Mundo’, respondió que la investigación “no tiene sentido ni precedentes en España contra alguien de un mismo partido político” y avanzó que se replanteará su postura respecto al PSOE tras meses de “mucha caballerosidad”– que los contratos del Ministerio de Transportes son tan “irregulares” como los suscritos por Interior o los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares.

“Hay una responsabilidad penal en el caso Ábalos que decidirán los tribunales y hay una responsabilidad política que está instalada en el Palacio de la Moncloa. Por eso, Pedro Sánchez sigue evadiendo y sigue debiendo a los españoles una rendición de cuentas, una explicación de todo lo que estamos teniendo oportunidad de conocer”, señaló el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en la rueda de prensa posterior al primer Comité de Dirección del nuevo curso político, que arranca con esta sucesión de hechos en el ‘caso Koldo’.

El principal partido de la oposición considera que los resultados de la auditoría son “extraordinariamente graves” y “certifican que hubo una trama en el Partido Socialista y en el Gobierno para hacer negocio con las mascarillas mientras morían miles de ciudadanos por la pandemia”.

Y, tras criticar que la auditoría y los posteriores ceses de altos cargos del Ministerio llegan “tarde”, Sémper insistió en que ahora el presidente del Gobierno debe dar explicaciones o, de lo contrario, todo será “una maniobra desesperada que busca un lavado de cara”.

No obstante, el PP considera que las “amenazas veladas” de Ábalos son razonables, ya que si el Gobierno asume que los contratos que firmó su Ministerio son irregulares, también lo son los del Ministerio del Interior y los de los Gobiernos de Baleares y los de Canarias, dirigidos entonces por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

DESCARTA LLAMAR A BEGOÑA GÓMEZ

Con respecto a los presuntos casos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, Sémper volvió a rechazar la posibilidad de citarla a la comisión de investigación del Senado porque su labor es “fiscalizar” a su marido y no a ella, a pesar de las últimas informaciones conocidas.

“A quien vamos a llamar y a quien vamos a fiscalizar, a controlar y a exigir respuestas es al presidente del Gobierno”, declaro el portavoz del PP, al tiempo que tampoco dio pistas de los próximos pasos que dará su partido en el Senado. Por el momento, el PP solo ha confirmado que Sánchez comparecerá finalmente a partir de este mes de septiembre, como ya anunció el partido hace unas semanas.