Así lo advirtió este jueves la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales en un comunicado en el que precisó que el presupuesto que se invierte al año por habitante en políticas sociales en España asciende a 3.124 euros, con un montante total de 150.000 millones de euros.

“Año tras año las comunidades autónomas destinan menos porcentaje de su presupuesto a políticas sociales”, indicó, para explicar que, “si en el año 2010 eran dos de cada tres euros destinados a estas políticas, en el año 2023 se han reducido en nueve puntos porcentuales la cantidad destinada a educación, sanidad y servicios sociales”.

Según sus cálculos, esta tendencia se ha “agudizado” en 2023, ejercicio en el que se produjo un “fuerte incremento” de los presupuestos de las comunidades autónomas, de 15.469 millones, y, sin embargo, sólo el 12,58% de esta cantidad, 1.946,6 millones, se destinaron a políticas sociales.

Tras puntualizar que la Comunidad de Madrid es la región que “menos invierte” en políticas sociales y que cada habitante de esa comunidad “recibe 660 euros menos en políticas sociales que la media nacional”, la asociación subrayó que los recortes realizados en políticas sociales a partir del año 2010, y que fueron “especialmente drásticos” en 2013, “condujeron a que, en ese año, se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico en servicios esenciales, con menos de 100.000 millones de euros”.

AUMENTO DEL GASTO SOCIAL

Según la entidad, desde el año 2014 y hasta el año 2020 se fueron registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las comunidades autónomas y en los años siguientes, fruto de la gestión de la pandemia, fue “aumentando en gran medida” el gasto social hasta los 149.636 millones de euros del presupuesto liquidado del año 2022.

Sin embargo, el porcentaje del presupuesto que se dedica a políticas sociales tiene una “tendencia a la baja” desde el año 2010, cuando el porcentaje del presupuesto dedicado a políticas sociales fue del 67,4%, mientras que en el año 2023 fue del 58,4% y, según sus estimaciones, si se hubiera destinado el mismo porcentaje que en 2010, “se hubieran invertido cerca de 23.000 millones de euros más en 2023”.

“Aunque la crisis sanitaria y social provocada por la covid-19 demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las comunidades autónomas sólo ha sido el 9,1% entre 2020 y 2023, con el 0,2% en sanidad, el 16,8% en educación y el 33,5% en servicios sociales”, según la entidad, mientras que el incremento del gasto en el resto de políticas fue del 55,7% en ese mismo periodo.

En este sentido, la asociación puntualizó que, desde 2009, todas las comunidades autónomas han incrementado su inversión en esta área, destacando Baleares, con un aumento por habitante del 47%, seguida de la Comunidad Valenciana (41%), Asturias (40%) y Extremadura (casi un 40%), lo que implica una subida en más de 1.000 euros por habitante en su inversión en políticas sociales.

DIFERENCIAS EN EL GASTO

Las diferencias en el gasto por habitante en políticas sociales entre regiones oscilan entre 2.464 euros en la Comunidad de Madrid y 4.161 euros en Navarra o 4.079 euros en País Vasco y, entre las comunidades de régimen común, destacan Extremadura (3.960 euros), Asturias (3.681) y Cantabria (3.546). A la “cola” de inversión económica en políticas sociales por habitante en 2023 se encuentran Cataluña (2.942 euros) y la Comunidad de Madrid (2.464).

Los servicios sociales fue la única política social que vio incrementar el porcentaje que recibe de los presupuestos autonómicos, aunque sólo con tres décimas más en 2023 (7,6%) que en 2011 o 2019, cuando supuso el 7,3%.