Los ponentes comenzaron a las cuatro y media su segunda reunión, con la intención de culminar el informe que el próximo miércoles comenzará a debatir la Comisión General de las Comunidades Autónomas, a la que pueden asistir presidentes autonómicos.

La reunión, que se prolongará previsiblemente durante toda la tarde, comenzó con las únicas ausencias del presidente de ERC, Josep Lluis Carod-Rovira, que preside en Barcelona la reunión en la que se decidirá la posición definitiva de la formación ante el referéndum, y el socialista Joan Lerma.

Tras rechazarse, en la primera reunión de la ponencia, el veto del PP, esta tarde se expondrán y votarán las enmiendas al articulado: 74 del PP; 56 de ERC; dos de CiU y diez de la Chunta Aragonesista.

El partido mayoritario en el Senado persiste en la argumentación de sus enmiendas en la idea de que el Estatuto, incurre, "a pesar de los intentos por atenuar el tono 'constitucionalizante' del texto original, en la flagrante inconstitucionalidad de gran parte de sus contenidos, a la vez que aumenta la inseguridad jurídica".

Enmienda por ello el preámbulo y prácticamente todo el articulado para eliminar las referencias a la nación, la bilateralidad en las relaciones con el Estado, el sistema de financiación, el tratamiento de la lengua, la configuración del poder judicial y los avances competenciales.

En el extremo contrario, Esquerra pretende con sus enmiendas la vuelta al texto aprobado por la Cámara catalana, especialmente los aspectos simbólicos que quedaron excluidos del texto tras la tramitación en el Congreso de los Diputados.

VUELTA AL TEXTO DEL "PARLAMENT"

Mantener el carácter nacional "inequívoco" de Cataluña tanto en el preámbulo como en el articulado, reconocer la realidad plurinacional de España y concebir el catalán no como una lengua circunscrita a Cataluña, "sino una lengua de Estado que como tal tiene que disponer de los instrumentos de desarrollo" son oros de sus objetivos.

También ha incluido enmiendas de tipo competencial, para reconocer las selecciones deportivas nacionales y recuperar la redacción acordada por el cuatripartito sobre el régimen local y las cajas de ahorro; retomar la financiación aprobada en Cataluña y el traspaso del aeropuerto de Barcelona.

El capítulo de infraestructuras fue precisamente uno de los motivos de desacuerdo entre la delegación del Parlamento catalán y la del Congreso de los Diputados, discrepancia que se repetirá previsiblemente en el Senado.

A esta cuestión se refieren las dos enmiendas de CiU, que propone un régimen especial de gestión para el aeropuertos de El Prat y los puertos de Tarragona y Barcelona en el que participen la Generalitat y el Estado.