Esta semana deben quedar listos para pasar a Comisión los títulos II y III, pero este último, que dibuja el Poder Judicial en Cataluña, se dejará previsiblemente para el viernes, ya que presenta más complicaciones, según informaron a Servimedia fuentes parlamentarias.

Los aspectos más polémicos del título sobre instituciones aprobado por el Parlamento catalán son los relativos a la inmunidad de los diputados autonómicos, la organización territorial de las veguerías, el Valle de Arán, y el Consejo Audiovisual de Cataluña.

El artículo 57 de la propuesta, referido al estatuto de los diputados, es uno de los más polémicos para el PSOE. Establece que "los miembros del Parlamento catalán son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato, gozarán de inmunidad y sólo pueden ser detenidos en caso de delito flagrante".

"No pueden ser inculpados ni procesados sin la autorización del Parlamento", prosigue. "En las causas contra diputados, es competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña, la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

VEGUERÍAS

Otro posible obstáculo está en el artículo 90, que define la veguería como "el ámbito territorial específico para el ejercicio del gobierno intermunicipal de cooperación local que tiene personalidad jurídica propia", y que "goza de autonomía para la gestión de sus intereses".

Esta tarde se discutirá también sobre el Valle de Arán, para el que el texto aprobado por el "cuatripartito" en Cataluña fija que dispone de un régimen jutífico especial que reconoce la especificidad institucional y administrativa, y garantiza la "autonomía para ordenar y gestionar los asuntos públicos de su territorio".

En cuanto al Consejo Audiovisual de Cataluña, según el artículo 82 de la propuesta catalana "es la autoridad reguladora independiente en el ámbito de la comunicación audiovisual pública y privada. El Consejo actúa con plena independencia del Gobierno de la Generalitat en el ejercicio de sus funciones. Una ley del Parlamento debe establecer los criterios de elección de sus miembros y sus ámbitos específicos de actuación.

DEFENSOR DEL PUEBLO

En cambio, sí es previsible que haya acuerdo, o al menos así se dejó ver en las reuniones bilaterales, en lo relativo al "Sindic de Greuges", figura equivalente al Defensor del Pueblo, "tiene la función de proteger y defender los derechos y las libertades reconocidos por la Constitución y el presente Estatuto", dice el artículo 78.

"Supervisa con carácter exclusivo la actividad de la Administración de la Generalitat, la de los organismos públicos o privados vinculados que dependen de la misma, la de las empresas privadas que gestionan servicios públicos o realizan actividades de interés general o universal, o actividades equivalentes de forma concertada o indirecta, y la de las personas con un vínculo contractual con las administraciones públicas", añade.

El Sindic de Greuges también podría, según el redactado original del Parlamento de Cataluña, "extender su control a la Administración del Estado en Cataluña, en los términos que establezcan los acuerdos de cooperación con el Defensor del Pueblo.