Esta partida incluye subvenciones, subsidiación de intereses y anticipos comprometidos en políticas anteriores, así como un conjunto de acciones puntuales para problemas específicos, entre los que destacan la corrección de daños derivados de la aluminosis y la ejecución de viviendas en Ceuta y Melilla.

Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio, entregado hoy por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, al Congreso de los Diputados, para su debate y aprobación.

Además, y con independencia de lo anterior, el Ejecutivo recuerda que el Ministerio de Vivienda colaborará financieramente subvencionando remodelaciones de barrios mediante convenios suscritos con las comunidades autónomas y corporaciones locales.

PLAN DE VIVIENDA

A fin de conseguir los objetivos propuestos, el Gobierno quiere desarrollar su programa en materia de vivienda en dos fases: una primera en la que se aprobó un plan de choque (que contiene medidas genéricas), y una posterior que comienza con el desarrollo del nuevo Plan de Vivienda 2005-2008.

En dicho plan se incluyen como objetivo un total de 720.000 actuaciones a concertar en los cuatro años de vigencia del documento, con un coste total estimado de 6.822 millones de euros.

En concreto, 277.900 actuaciones del plan corresponderán a la adquisición de vivienda (226.400 de nueva construcción y 27.500 usadas), 164.600 para el mercado del alquiler (105.375 de nueva edificación, 6.525 usadas, 11.000 adecuadas y 41.700 actuaciones en materia de subvención al inquilino), 159.500 destinadas a la rehabilitación y 178.000 en materia de suelo.

ESPECULACION

En materia de urbanismo y suelo, el Gobierno considera que la plena efectividad de los derechos constitucionales, como son el de propiedad y libertad de empresa y el derecho a una vivienda digna, pasa por la regulación de la utilización del suelo de acuerdo con el "interés general", para combatir la especulación.

De esta forma, en el marco de la reforma de la Ley del Suelo, el Ejecutivo pretende "administrar medidas contra la retención especulativa de suelos que incumplan su función social de urbanización y edificación, con el objeto de favorecer su efectiva transformación y puesta en el mercado".

Finalmente, el texto presupuestario aclara que el marco de las cuentas estatales "no responde automáticamente a este nuevo sistema de ayudas a la vivienda, al existir un desfase temporal entre las actuaciones que se deciden anualmente y su materialización presupuestaria, que se produce en ejercicios posteriores".