Con la aprobación de este texto, paralizado desde 1998 y que será tramitado en el Parlamento antes de su definitiva entrada en vigor, se acabará con la incompatibilidad laboral absoluta para los agentes, cuyo incumplimiento se castiga con tres años de suspensión de empleo y sueldo.

La Policía ha llevado el rigor en la aplicación del sistema de incompatibilidad hasta el extremo de castigar, por ejemplo, a un agente de la Escala Básica que, en sus horas libres, ayudaba en la sasrería familiar, según las fuentes consultadas.

El nuevo régimen disciplinario pretende establecer una gradación más adecuada de las sanciones. En la actualidad, la sanción mínima es es de tres años para todas las faltas consideradas muy graves, entre las que figuran el incumplimiento del sistema de incompatibilidades, la participación en huelgas, la embriaguez, el consumo de drogas durante el servicio o la falta de colaboración con otras fuerzas de seguridad.

Otro de los avances para los policíasserá la total separación entre su actividad laboral y su vida privada a la hora de recibir sanciones. Actualmente, insultar a un vecino o dar positivo en un control de alcoholemia puede acarrear sanciones internas en el Cuerpo Nacional de Policía.

El Consejo de la Policía está integrado por el director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera; el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, y otros miembros de la cúpula policial, así como representantes de los sindicatos policiales.