Estas organizaciones policiales, a través de una nota de prensa conjunta, respondían así al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, quien negó este martes en el Congreso que cargos políticos hayan ordenado cupos de detenciones de inmigrantes ilegales.

En una nota titulada "Alguna responsabilidad tendrá el Ministerio del Interior", los sindicatos policiales aseguran que recientemente denunciaron ante el Defensor del Pueblo, la Fiscalía y los grupos parlamentarios que se estaban dando "prácticas policiales" que "podían atentar contra los derechos constitucionales y poner en riesgo la seguridad jurídica de los policías".

Asimismo, los sindicatos sostienen que también trasladaron esta información al director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, así como al director adjunto Operativo de la Policía.

En este sentido, SUP, CEP, SPP y UFP añaden que "las prácticas de identificaciones indiscriminadas de jóvenes y extranjeros -que adquieren, al producirse, el carácter de sospechosos- son producto de instrucciones de los responsables políticos".

"Cuando menos", añaden, "del director general de la Policía y la Guardia Civil y del director adjunto operativo". Estos, según los sindicatos, fueron informados por los sindicatos y se supone que debieron transmitir las órdenes a sus subordinados.

Asimismo, los sindicatos destacaron que es una "aberración" y una "absoluta inutilidad" el "usar a los servicios de protección preventiva y seguridad ciudadana en una cuestión que es meramente estadística, que no aporta nada a la seguridad de los ciudadanos y que se lleva a cabo como estrategia política de este ministerio".

Los policías concluyen que "alguna responsabilidad tendrá el Ministerio del Interior, que, informado de todo esto por los sindicatos policiales, no ha hecho nada al respecto hasta que la opinión pública ha supuesto una amenaza para el Ministerio".