Según la normativa, se trata de perseguir las prácticas anticompetitivas y contrarias a la seguridad, como excesos de peso, de tiempos de conducción y abusos en carga y descarga. Así se da cumplimiento al acuerdo alcanzado en octubre de 2000 entre el Gobierno, los cargadores y transportistas.

El proyecto incorpora un capítulo de duras saciones para determinadas infracciones, que pueden llegar hasta los 18.000 euros (3 millones de pesetas) e incluso la inhabilitación del conductor para el ejercicio del trabajo de transportista en caso de reiteración de sanciones o actuaciones graves.

El proyecto mejora la coordinación administrativa entre todos los departamentos implicados, impide que los conductores de vehículos pesados participen en la realización de las operaciones de carga y descarga de los vehículos, para que el cansancio no afece a la conducción, y se potencian las juntas arbitrales de Transporte.

Además, se adecua el derecho de los extranjeros a ejercer la actividad de transportista, se establece la capacidad del Gobierno para regular las condiciones de seguridad en relación con la realización de determinadas clases de transporte (escolar, de mercancías peligrosas, de mercancías perecederas, etcétera) y se simplifica y agiliza la tramitación de los expedientes sancionadores a transportistas, que deberán resolverse como máxio en un año.