Según fuentes policiales, las gestiones se iniciaron en la Comisaría de Segovia, cuando un comerciante en arte y antigüedades puso en conocimiento de la policía que había adquirido distintas obras a una persona que pudieran ser de procedencia ilegal.

Obtenidas las imágenes de los efectos comercializados por esa persona y remitidas para cotejo en la base de datos de la Brigada de Investigación de Patrimonio Histórico, los agentes comprobaron que un alto porcentaje procedía de robos cometidos en distintas poblaciones de las provincias de Burgos, León y Zamora.

El expolio de arte sacro en los centros religiosos rurales de la Comunidad de Castilla y León en las décadas de los 60 y los 70 habían sido una constante, por la dispersión de los lugares de ubicación, por los cierres de los centros de culto y solo aperturas temporales los festivos, por falta de medios para la adopción de medidas de seguridad, por la migración de la población residente y el envejecimiento de los naturales del lugar.

No obstante, se produjo un descenso notable en esa situación en las décadas de los 80 y 90 alcanzándose niveles mínimos, achacables a distintas circunstancias: envejecimiento de los delincuentes dedicados a esa actividad, escasademandaal haber cambiado los gustos decorativos y recogida de los elementos mas valiosos en centros con especiales medidas de seguridad.

En esta operación se ha conseguido recuperar un alto porcentaje de bienes culturales robados, en distintas poblaciones de la Comunidad de Castilla y León, cuya valoración es incalculable, según las fuentes policiales. En algunos casos han resultado dañados por la brutalidad utilizada en la extracción.