Fuentes policiales informaron a Servimedia de que se trató de una instrucción de la Subdirección General Operativa de la Policía, que pidió incrementar la vigilancia sobre intereses judiciales coincidiendo con el auto dictado por el juez Fernando Grande- Marlaska, que anulaba el acto programado por el partido de Arnaldo Otegi.

Las fuentes consultadas aseguraron que esta instrucción fue trasladada, en último término, a los escoltas de los jueces y magistrados que ejercen en el País Vasco, a los que también se instó a aumentar las medidas de seguridad.

Se da la circunstancia de que la mayoría de los escoltas que dan protección a los miembros de la judicatura en la comunidad vasca pertenecen a empresas privadas. Sólo una parte de estos guardaespaldas pertenecen a la Guardia Civil, la Policía o la Ertzaintza.

En este sentido, la banda terrorista ETA colocó el pasado 26 de enero frente a los juzgados de Balmaseda (Vizcaya) un artefacto explosivo que causó diversos daños en este edificio oficial y en un local próximo.