Según este informe, "en términos generales, la implementación de la Ley se está llevando a cabo de una manera adecuada y rápida. Así se puede decir que prácticamente todas las medidas de la ley están en marcha y muchas de ellas ejecutadas y al servicio de la causa".

Las denuncias han aumentado en el primer semestre de 2005 un 7,6%. Las órdenes de protección se han incrementado en un 19% y 2.149 mujeres son usuarias del servicio de teleasistencia para mujeres maltratadas.

Asimismo, se han puesto en marcha 17 juzgados de Violencia sobre la Mujer. Además de estos 17 juzgados específicos, el pasado mes se crearon otros dos, uno en Madrid y otro en Barcelona. Se espera que en 2006 funcionen otros 18 juzgados específicos. También se garantiza la justicia gratuita para las víctimas de violencia de género.

El informe también especifica la puesta en marcha de un Plan para la valoración forense integral de la violencia de género y se han creado las unidades integrales de valoración forense.

En educación, se han contemplado las medidas de la Ley Integral en el proyecto de la LOU. En concreto se incluyen nuevas unidades didácticas sobre igualdad entre hombres y mujeres y resolución pacífica de los conflictos. También se recoge la escolarización inmediata en caso de violencia de género, cuando la víctima se vea obligada a cambiar de residencia

Se ha creado la Comisión contra la Violencia de Género en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y se ha elaborado y difundido una guía de buenas práctica clínica de abordaje de situaciones de violencia de género.

El informe también explica que el Gobierno ha distribuido diez millones de euros a las comunidades autónomas para garantizar el derechos a los servicios de asistencia social integral. En los Presupuestos Generales del Estado para 2006 se aumenta, además, este fondo a doce millones de euros.

En el Plan de Vivienda 2005-2008 se facilita la movilidad de las víctimas de violencia de género que necesiten el cambio de vivienda. Las viviendas protegidas y las viviendas usadas adquiridas para su cesión en régimen de alquiler, podrán cederse temporalmente a las víctimas de violencia de género.