Una vez trasladadas a España, estas mujeres eran colocadas como empleadas de hogar, sin estar en posesión del correspondiente permiso de trabajo y del alta en la Seguridad social. Los arrestados residían en nuestro país desde hace diez años en situación irregular.

Según la Dirección General de la Policía, varios cientos de estas mujeres han sido introducidas en España en los últimos años por los responsables de la red, con ramificaciones enPolonia y Ucrania.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de abril, al detectarse en Madrid a dos ciudadanos polacos que ofrecían mujeres de Ucrania y Polonia para trabajar como empleadas de hogar. Para ello, insertaban anuncios en periódicos o realizaban llamadas directas a particulares que demandaban este servicio.

Los agentes sometieron a la pareja a una férrea vigilancia y comprobaron que ninguno de ellos ejercía actividad alguna. Periódicamente acudían a la Estación Sur de Autobuses dela capital, en donde recogían a un grupo de mujeres y las trasladaban a un domicilio de la calle Almazán número 42. Transcurridos unos días, eran trasladadas a casas particulares, donde comenzaban a trabajar como empleadas domésticas.

Las inmigrantes ilegales fueron captadas en sus países a través de anuncios publicados en la prensa local, con el reclamo de ofertas de trabajo bien remunerado. Para tener acceso a estas ofertas, las mujeres debían abonar en el acto más de 150.000 pesetas.

Provistosdel correspondiente mandamiento de entrada y registro, los agentes inspeccionaron la vivienda y encontraron numerosas fotocopias de pasaportes correspondientes a grupos de mujeres extranjeras que habían entrado ilegalmente en España y las direcciones de varios empleadores para los que habían trabajado. De las cantidades percibidas en estos domicilios, los arrestados obtenían un porcentaje.

La investigación continúa abierta, centrada en la localización de las personas que han solicitado los servicios d estas ciudadanas en situación ilegal, sin estar provistas de documentación y sin darles de alta en la Seguridad social, ya que pueden ser responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores.