Los detenidos, a los se les imputan delitos de estafa, falsedad documental y usurpación del estado civil, también habrían adquirido un gran número de equipos informáticos y televisiones de alta gama falsificando la documentación de otras empresas ubicadas en distintos lugares de España.

La policía calcula que los integrantes de la banda podrían haber defraudado alrededor de 400.000 euros contratando cerca de ochocientas líneas de telefonía móvil con sus correspondientes terminales.

El número de perjudicados es elevado y por el momento se ha identificado a 25 empresas cuya documentación ha sido falsificada y a cuyas cuentas se ha cargado la facturación de las líneas contratadas a su nombre.

También han resultado afectadas las casas distribuidoras de los teléfonos móviles, ya que éstos eran vendidos posteriormente por los miembros del grupo, así como las compañías telefónicas, a las cuales les son retrotraídos los cargos indebidos y tienen que responder por el fraude realizado.

Entre los detenidos hay personas de nacionalidad española, francesa, india y ecuatoriana y en la operación han sido requisados numerosos teléfonos móviles, cientos de tarjetas telefónicas, impresoras, centralitas de teléfono y otros efectos.