Según informó el Ministerio del Interior, la investigación desarrollada por la Brigada Provincial de Información de Murcia y coordinada por la Comisaría General de Información, se inició el pasado abril cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un grupo, autodenominado ‘Grupo de Acción Ciudadana’, exigía a un empresario murciano el pago de 100.000 euros bajo la amenaza de tomar represalias contra él y su familia.

El requerimiento de pago iba acompañado con varias fotografías de su familia en distintos lugares y fechas que abarcaban el periodo de un año, así como de un cartucho del calibre 9mm Parabellum.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes determinaron que el mencionado ‘Grupo de Acción Ciudadana’ se creó, tal y como consta en la carta de constitución remitida por el mismo a un medio de comunicación en el año 2020, como una “organización civil, armada e independiente, actuando al margen de una justicia, inactiva, inexistente y arrodillada a intereses partidistas o personales, lo hacemos no reconociendo a ninguno de sus tribunales”.

Asimismo, al inicio de la activad del grupo, su líder creó también una plataforma en Internet denominada ‘Plataforma Ciudadana de Resistencia’, desde donde difundía su ideología, captaba adeptos y solicitaba donaciones con las que sufragar la “lucha”.

En ella se pueden encontrar videos en los que señalan objetivos de la organización, entre los que se encuentran “la eliminación de los partidos políticos nacionales” y “la intervención de las Administraciones públicas”. Entre estos videos, se detectó uno en el que figuraba el principal detenido con un pasamontañas y la voz distorsionada, con una puesta en escena que evoca a las difusiones realizadas por grupos armados de carácter terrorista.

EQUIPO DE NEGOCIADORES

Semanas más tarde de la primera amenaza que recibió un empresario murciano, los detenidos se pusieron en contacto con la familia de éste haciéndose pasar por supuestos negociadores de la organización armada, con el objetivo de iniciar el proceso para el cobro de la cantidad requerida, 100.000 euros. Agentes del equipo de negociadores de la Comisaría General de Información asesoraron a las víctimas durante toda la investigación, marcando la estrategia de negociación desde el primer momento.

En la madrugada del pasado lunes se puso en marcha el dispositivo policial por el que se detuvo a cuatro personas y se practicaron dos registros domiciliarios. El dispositivo, además de los agentes del área de Información, contó con el apoyo de unidades policiales como Tedax-NRBQ, Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos, Policía Científica, GOIT y la Unidad Aérea de la Policía.

ARTEFACTOS EXPLOSIVOS

En el registro realizado en el domicilio del principal investigado se intervinieron dos artefactos explosivos con sendas garrafas de gasolina, cuatro tarros con mechas, multitud de material pirotécnico, dos armas de fuego y gran cantidad de munición y cartuchería.

Además, y en relación con las labores de extorsión y vigilancia, se incautaron dispositivos de seguimiento y localización tipo GPS, un distorsionador de voz, lazos de detención, gafas de visión nocturna, once teléfonos móviles y material informático de interés que está siendo ahora analizado por los investigadores.

En el registro practicado en el domicilio de otro de los detenidos, se han intervinieron siete teléfonos móviles, cuatro cámaras fotográficas, diverso material informático de interés para la investigación y cartuchos de armas de fuego.

Los agentes se hicieron también con distinta parafernalia del grupo así como documentación de otras plataformas de resistencia ciudadana y documentación de interés para la investigación, como un manual de los Grupos de Anarquistas Coordinados, organización que autora del atentado a la Basílica del Pilar de Zaragoza en el año 2012.

Tras los correspondientes registros, los investigadores constataron que este grupo había realizado seguimientos también a otras familias, eligiendo a sus objetivos en base a que sus empresas o negocios hubiesen obtenido licitaciones a través de la administración pública regional.

Una vez puestos a disposición de la Autoridad Judicial, se decretó el ingreso en prisión del presunto cabecilla de la organización criminal.