Según informó la Policía este jueves, la organización contaba con un alto grado de especialización tecnológica, la cual les permitía administrar de manera remota a los clientes que contrataban contenido audiovisual deportivo mayoritariamente. Más de 18.300 personas habrían contratado estos servicios que eran gestionados desde centros operativos en las provincias de Alicante y Sevilla.

La investigación comenzó en febrero de 2022 cuando se identificó a esta organización criminal que se dedicaba a proveer contenido multimedia fraudulento, desde dos centros operativos, a través de IPTV (Internet Protocol Television), mediante la instalación de aplicaciones fraudulentas en tvBox, smartTVs y smartphones, a sus clientes, permitiéndoles acceder a películas, series o eventos deportivos, a un precio muy inferior al de mercado.

SERVICIOS ILEGALES

La organización ofertaba los servicios ilegales a través de una empresa de consultoría de telecomunicaciones que contaba con una sólida estructura de marketing a su servicio.

Los integrantes de la red criminal se encontraban en las provincias de Alicante, Málaga, y Valladolid, y su función era comercializar los servicios fraudulentos llegando al máximo número de clientes.

Según los agentes, tanto los miembros de esta organización criminal desarticulada, como aquellas personas que contratan servicios fraudulentos investigados son una parte activa a la hora de ocasionar daños a los principales perjudicados de estas actividades. En este caso, el perjuicio estimado es de 366.250 euros.

DESARTICULACIÓN

Finalmente, las investigaciones permitieron desarticular esta organización criminal llegándose a realizar un total de cuatro entradas y registros, Alicante, Valladolid, Málaga y Sevilla, dos de estas entradas en los centros operativos donde gestionaban toda la infraestructura informática.

Durante los registros se intervino numeroso material informático como ordenadores, tablets, smartphones y dispositivos de almacenamiento y se detuvo a los ocho integrantes de la organización criminal.

Los detenidos se enfrentan ahora a cargos por pertenencia a organización criminal y delito contra la propiedad intelectual.