Los socialistas acusan al titular de Trabajo dediscrimar en el reparto a los ayuntamientos y cabildos que no están gobernados por Coalición Canaria, fuerza política a la que pertenece, mientras que el consejero niega esas acusaciones.

El Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) ha anunciado que llevará a la Consejería y al Gobierno canario ante los tribunales por un presunto delito de prevaricación. Por su parte, Rodríguez Batllori ha dicho que está estudiando las declaraciones de los socialistas y piensa llevarlas también ante los tribunales por coniderarlas injuriosas.

El debate centra la polémica en los medios de comunicación de Canarias, que es el escenario escogido por ambas partes para dirigirse todos los días en las últimas semanas todo tipo de descalificaciones.

La polémica también afectará en los próximos días al Parlamento de Canarias, ya que el Partido Popular ha terciado en la disputa pidiendo la convocatoria urgente de la Diputación Permanente para que el consejero explique ante la Cámara regional los criterios del reparto.

Otro de los organismos a los que ha llegado la polémica es la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que está dividida en dos bloque muy claros: el que agrupa a los alcaldes de Coalición Canaria y el constituido por los ediles socialistas y populares.

Esta organización, cuya continuidad está en el aire, se reunirá mañana para debatir el criterio utilizado por la consejería para el reparto de fondos.

Batllori ha señalado hasta ahora que el criterio empleado se ciñe, además de a la población y a número de parados, a los proyecto presentados por los ayuntamientos. También se ha aplicado un criterio compensatorio, según indicó al inició de la polémica, ya que según él los socialistas beneficiaron anteriormente a los municipios donde gobernaban.

En opinión del consejero de Trabajo, ahora solamente trata de paliar esa actuación, que resumió con la frase de "quien a hierro mata, a hierro muere", aunque días después aclarase que estas palabras las dijo "en broma".