La proposición consta de 4 puntos, el primero de los cuales reitera el propósito del Partido Soialista de que la comisión no investigue toda la gestión de Julián García Valverde al frente de Renfe, como piden PP e IU.

Especifica que la investigación se centrará en "el diseño y elaboración del proyecto jurídico-financiero (de la compraventa)" y "la actuación de los directivos de Renfe y Equidesa, así como la de cualesquiera otras autoridades o funcionarios que hayan intervenido en nombre o por cuenta de la Administración".

Este último aspecto deja abierta la puerta para investigar las referncias que hizo García Valverde en su pasada comparecencia ante la Comisión de Industria, a que el entonces ministro de Transportes, José Barrionuevo, y el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Joaquín Leguina, conocían toda la operación.

La proposición no de ley del Grupo Socialista establece asimismo que serán objeto de investigación por parte de la comisión los "fedatarios públicos" (notarios) que intervinieron en la compraventa, así como la actuación de "terceras personas, físicas o jurídias".

DOS MESES Y VOTO PONDERADO

Además, el PSOE se garantiza el control de la comisión, al establecer que estará compuesta por el presidente, que será el actual presidente de la Comisión de Industria, y de un representante de cada partido "con voto ponderado".

Ello implica que la oposición en su conjunto no podrá censurar la actuación de García Valverde o de cualquier otro responsable de la operación en el informe final de la investigación, si no cuenta con el visto bueno del Grupo Socialista. La proposición fija el 28 de febrero de 1992 como fecha tope para entregar las conclusiones al presidente de la Cámara, con los votos particulares, si los hubiere. También habilita el mes de enero (que son vacaciones parlamentarias) para sus trabajos.

El presidente del Congreso, según el texto presentado por el PSOE, velará para que los trabajos de la comisión no intefieran en el normal funcionamiento de la Administración de Justicia y deberá tomar todas las medidas precisas para que no afecten, e su caso, a las resoluciones judiciales.

La proposición especifica también que, a pesar del carácter secreto de los trabajos y deliberaciones de la comisión de investigación, su presidente podrá acordar la emisión de comunicados públicos sobre el estado de los trabajos.

UNA CIERTA SOMBRA

Por su parte, el portavoz socialista en la Comisión de Industria y uno de los firmantes de la proposición no de ley, Genaro García Arreciado, explicó que, en otros casos, el PSOE no ha accedido a constituir comsiones de investigación porque "las razones no eran suficientemente sólidas y solventes", pero que en esta ocasión "se ha instalado en la sociedad una cierta sensación de sombra sobre las actuaciones de este Gobierno".

A la pregunta de por qué no se ha esperado a presentar la proposición más adelante, García Arreciado respondió que el PSOE está interesado en que la comisión comience a funcionar cuanto antes.

El portavoz de IU, Ramón Espasa, valoró como "positivo" que se constituya la comisión de nvestigación y que sea a propuesta del partido que sustenta al Gobierno, si bien matizó que su grupo hubiera querido que la investigación abarcase toda la actuación de García Valverde al frente de Renfe (1987-91).

"Nuestra idea es que la comisión parlamentaria debe poder abarcar cualquier aclaración al respecto", señaló Espasa.

En cuanto al PP, la portavoz Loyola de Palacio eludió pronunciarse hoy sobre si apoyará la comisión de investigación propuesta por el PSOE. "Vamos a solicitar la creación e una comisión de investigación que analice y estudie a fondo la actuación de Renfe en la compraventa de terrenos. Confiamos en que esta vez el PSOE apoye una comisión parlamentaria que cumpla de verdad sus funciones", señaló.