Según los autores del documento, este apoyo debe de realizarse con el fomento de las inversiones socialmente responsables, con políticas públicas de promoción e incentivos de la responsabilidad social, con la regulación y la universalización de aspectos como los informes de RSE y su verificación.

Para la AECA debe de existir una mediación entre los grupos de interés y las empresas, a través de la creación de un instrumento de deliberación y concertación.

Además, el Estado como agente económico debe de impulsar la RSE en todas sus actividades económicas, y los organismos y empresas públicas deberían de seguir unas pautas de conducta responsable.

Por último, el documento señala que el Estado tendría que utilizar criterios de responsabilidad social como una guía para toda la normativa administrativa, con el fin de proteger los derechos de los consumidores, los derechos humanos, laborales y medioambientales.