"Nosotros no podemos cesar al señor Pascual Estevill porque nos parezcafeo, triste o lamentable la imagen que se está dando por sus asuntos en el Tribunal Supremo", dijo. "Sólo podemos cesar al señor Estevill por incumplimiento grave de sus obligaciones del cargo en el CGPJ"

Aseguró que lo sucedido ayer en el CGPJ no trata de apoyar o no al polémico vocal. "Aquí no celebramos cenas de adhesión con el señor Pascual Estevill, ni lo demonizamos, ni ponemos la mano por él, ni dejamos de hacerlo", dijo.

Manzanares explicó que en la infracción grave de los deberes de su crgo no entra lo que haya hecho o no antes de tomar posesión de su puesto en el CGPJ, que "no se puede confundir los problemas que tiene este señor en el Tribunal Supremo".

Respecto a la dimisión que presentaron ayer dos vocales del CGPJ tras el resultado de la votación sobre el cese de Estevill, Manzanares comentó: "Cuando hay unos vocales que renuncian porque dicen que no quieren estar con un señor que está en el Tribunal Supremo, podían haber renunciado antes, porque nosotros no íbamos a ocuparnos dl Tribunal Supremo".

"Dejemos que al Tribunal Supremo en paz, y que trabaje", señaló Manzanares, para quien cuando dicho tribunal, "con la imparcialidad absoluta que le caracteriza, acabe diciendo blanco o negro" no influirá ni positiva ni negativamente en los que ayer se mostraron contrarios al cese de Pascual Estevill.

LA "MALA" LEY DEL 85

Agregó que el asunto de Pascual Estevill es consecuencia de la "mala" ley Orgánica del Poder Judical de 1985, "que también podía haber previsto la suspensin de un vocal cuando tuviera alguna imputación en el Tribunal Supremo, pero no la ha previsto".

En cuanto a si lo acontecido ayer agudiza la crisis que el CGPJ arrastra desde hace meses, Manzanares declaró: "Si la ley del año 85 no hubiera cambiado el sistema de elección, ni tendríamos esta imagen de politización ni estaríamos todavía con un consejo en funciones".

Por último, explicó que si Pascual Estevill hubiese sido cesado ayer, el asunto habría ido a parar al Tribunal Supremo, que habría decarado nula la decisión, como ocurrió con el Fiscal General del Estado.