Lo anunció en rueda de prensa el portavoz de la Ejecutiva del partido Pablo Fernández, quien denunció como de “máxima gravedad” lo que llamó “negativa” del juez García Castellón a “investigar la corrupción del PP” y a Cospedal pese a los “escandalosos audios” que se han filtrado de sus conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo.

Desde su punto de vista, dichas charlas “dejan bien a las claras” su participación en la trama y que “mintió en sede judicial cuando afirmó que su relación con Villarejo era solamente de carácter social”, cuando en realidad “eran encuentros mafiosos que deberían investigarse hasta el final”.

Por ello, Podemos solicita reanudar la instrucción, ampliarla seis meses más para incluir los audios publicados e imputar a Cospedal; a su marido, Ignacio López del Hierro, y a su exjefe de gabinete, José Luis Ortiz.

Según el escrito, al que tuvo acceso Servimedia, los audios “ponen claramente de manifiesto que María Dolores de Cospedal, en contra de cuanto declaró en sede judicial, estaría perfectamente al tanto de la situación y daba órdenes sobre los principales objetivos para desbaratar la acción de la Justicia contra la trama Gürtel y más específicamente, en lo que le afectaba tanto a ella como a su formación política".

También revelarían "la existencia de una trama policial que tuviera como objetivo, en connivencia con determinados medios de comunicación, la producción de pruebas falsas para dañar la reputación de formaciones políticas rivales en contexto electoral".

En particular, “perjudicar al partido político Podemos y a sus dirigentes, se habría ordenado la fabricación y difusión de información falsa contra la referida organización política, en clara connivencia -como los audios publicados han constatado claramente- con determinados medios de comunicación".

Además, las conversaciones desvelarían que la ‘trama Kitchen’ se propuso “proteger a través de todos los medios a su alcance al gobierno del Partido Popular del escándalo de corrupción que se estaba investigando judicialmente”.

Fernández apostilló al recurso judicial que “determinados jueces constituyen un peligro público” porque “su parcialidad arrastra por el suelo el prestigio de la justicia” y hay “corruptos que se van de rositas por esa pasividad y por esa permisividad”.

También aprovechó para insistir al PSOE que el Gobierno “tiene que actuar ya y modificar la legislación que sea necesaria para renovar el CGPJ”, ya que hay mayoría parlamentaria suficiente para refrendarla y “es una cuestión de mera voluntad política”.