Lo anunció este lunes en rueda de prensa tras la Ejecutiva del partido su portavoz y secretario de Organización, Pablo Fernández, quien justificó la iniciativa por el "problema muy grave" que a su juicio tiene España con el 'lawfare' y el 'mediafare', del que "lo que está ocurriendo en torno a la familia de Pedro Sánchez no es más que la última evidencia", después de muchos casos que sufrió Podemos y ante los que el PSOE "miraba para otro lado" o los "utilizaba para sus propios intereses".

"Muchos de esos supuestos medios de comunicación que publican noticias falsas están siendo financiados directamente por los gobiernos autonómicos y municipales del Partido Popular y sin esa financiación estos medios no existirían", justificó Fernández, acusando por tanto al PP de estar "financiando con el dinero de todos y de todas esos bulos y esas noticias falsas", a veces, según él, con "prácticas de muy dudosa legalidad".

"Por eso sería urgente aprobar leyes, en este caso de ámbito autonómico, que acaben de una vez por todas con esta clara vinculación entre la financiación de la mentira por parte de determinadas administraciones públicas en manos del Partido Popular y estos procesos de 'lawfare' y 'mediafare' que tanto daño están haciendo a nuestra democracia", estableció. "Al menos en aquellas comunidades en las que no gobierna el Partido Popular estas leyes deberían aprobarse; y, en aquéllas que gobierna el Partido Popular o el Partido Popular con Vox, si se niegan a aprobarlas, que quede constancia evidente de esa complicidad y relación directa entre la derecha política y la mediática".

Así, Podemos registrará en los parlamentos autonómicos en los que tiene representación (Andalucía, Castilla y León, Aragón, Baleares, Extremadura y Navarra; todas menos la última gobernadas por el PP, puesto que su representante en Asturias, Covadonga Tomé, fue expulsada del partido), proposiciones de ley para que "los medios de comunicación con sentencias firmes acreditadas, es decir, que así lo haya determinado la justicia, no puedan ser financiados con dinero público".

"Proponemos que se prohíba la financiación pública de aquellos medios que hayan sido condenados por difundir información falsa y por otra serie de delitos, como delitos de odio, delitos contra el derecho a honor y a la intimidad, al menos dos veces en los últimos tres años o tres veces en los cinco años anteriores a la contratación", detalló, denunciando que, después de los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "el Partido Socialista no ha hecho absolutamente nada".

Fernández también recordó la proposición de ley registrada por Podemos en el Congreso de los Diputados para cambiar la mayoría necesaria para nombrar a los vocales del CGPJ, de forma que, si en una primera votación no fuera posible designarlos con la actual proporción de tres quintos, bastara con mayoría absoluta. si ésta incluye a la mitad de los grupos de la cámara. Esta iniciativa también deja en cuatro los vocales que nombraría el Senado y elevaría a 16 los del Congreso, frente a la igualdad de 10 a 10 que contempla la Ley del Poder Judicial vigente. "A día de hoy no existe ni una sola persona de izquierdas en este país que entienda la insistencia que tiene el Partido Socialista en pactar con el Partido Popular la renovación del Consejo General del Poder Judicial después de cinco años de bloqueo y los cinco días de reflexión que se dio el presidente", protestó.