A su juicio, este documento es un "instrumento básico para la defensa de los derechos sociales y la mejora del nivel de vida y bienestar de la ciudadanía europea".

Según sostiene Olabarría, "no ratificar este instrumento es uno de los mayores déficits sociales que tiene el Gobierno español porque está ya más que consolidado en Europa, porque profundiza y consolida el Estado Social europeo".

La Carta Social Europea comporta mayores beneficios al conjunto de la ciudadanía al incorporar nuevos derechos sociales, y fortalece el papel de los agentes sociales al dotarles de legitimación activa para formular reclamaciones colectivas por supuestas vulneraciones de los derechos contenidos en este documento.

A pesar de ello, el Estado español no ha ratificado todavía la Carta revisada de 1996.