Olabarría entiende que existe una contradicción entre el hecho de que ANV hubiera superado todos "los filtros" para presentarse a las elecciones, ya ahora, influida por motivaciones políticas, la jurisdicción penal esté limitando la actuación de sus cargos públicos.

El PNV entiende que las últimas decisiones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de ordenar el encarcelamiento de la alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa) y la disolución del grupo de ANV en las Juntas Generales de Álava, genera una "gran inseguridad jurídica" que debe evitarse.

Olabarría explicó que la disolución del grupo de ANV en las Juntas Generales de Álava no es consecuencia de una decisión política de las fuerzas allí representadas, sino que es el producto de la aplicación ineludible del un auto judicial.

De hecho, señalaron fuentes peneuvistas en Álava, las Juntas solicitaron una aclaración al juzgado sobre el sentido de esta medida cautelar y "la respuesta fue clarísima", razón por la cual los partidos con representación tuvieron que proceder a la disolución del grupo de ANV en aplicación de una decisión judicial que no puede se discutida.

Ello no significa que este modelo se aplique a otras instituciones en que ANV esté representada, a no ser que medie una decisión judicial.

INTROMISIÓN

El diputado del PNV explicó que la decisión de la jurisdicción penal constituye una "intromisión", puesto que ANV es una formación que concurrió a las elecciones, allí donde el Tribunal Supremo lo autorizó, por no haber encontrado ilicito alguno en la actuación de sus candidatos.

Es decir, la representación institucional con la que ahora cuenta ANV pasó el correspondiente filtro jurisdiccional que habilita a sus miembros como representantes válidos de una formación política en las instituciones.

Más tarde, la Audiencia Nacional dicta unas medidas cautelares, que a juicio de Olabarría "están poco fundadas" y que se basan en la "presunción" de que ANV forma de un supuesto "entramado" terrorista y no aporta pruebas concluyentes de que los miembros de esa formación han cometido delitos de colaboración con banda armada.TÉCNICAMENTE DISCUTIBLE

Olabarría considera que "no hay imputación concreta de hechos delictivos" posteriores a la autorización para concurrir a las elecciones y considera "técnicamente discutible" el auto de Garzón.

Además, señala la posición "esquizofrénica" que genera el hecho de que se suspendan los derechos políticos de los representantes de ANV, pero no sus derechos personales. Precisamente, la delimitación de ambos derechos es una de las materias que deberían clarificarse, según el diputado del PNV.

Ante esta "intromisión perturbadora" del juez Garzón en la vida política, Olabarría entiende que debe ser la Sala 61 del Tribunal Supremo la que clarifique esta situación, puesto que fue ella misma la que dictó que las listas de ANV que concurrieron a las elecciones eran legales.

En ese sentido, el diputado del PNV abogó por que "alguien ponga un punto de orden" por "pulcritud y decoro democrático" y sugirió que son la Fiscalía General o la Abogacía del Estado las que están legitimadas para solicitar esa aclaración de conceptos.