Concluyen así, a falta de la ratificación definitiva del Congreso, siete meses de agrio debate social y parlamentario, que comenzó el 11 de junio pasado, cuando el Ministerio del Interior remitió al Congreso de los Diputados el texto del proyecto de ley aprobado cuatro días antes en Consejo de Ministros.

Desde ese momento, partidos políticos, clegios y asociaciones profesionales, sindicatos, plataformas cívicas, el Defensor del Pueblo, el juez Baltasar Garzón, algún magistrado del Tribunal Constitucional y otros estamentos sociales comenzaron a desgranar sus críticas contra un proyecto que, aseguran, atenta contra las libertades constitucionales.

Los más vehementes, como Julio Anguita, que tilda el proyecto "de inseguridad ciudadana", acusan al Gobierno de intentar restar poderes a los jueces y de querer convertir a España en un Estado poliial atendiendo a un criterio "no constitucional": la seguridad.

Esta crítica ha sido secundada por la mayoría de medios de comunicación, que en este tiempo publicaron informaciones y opiniones abiertamente críticas contra el texto y contra el ministro de Interior que le ha dado nombre: Corcuera.

José Luis Corcuera ha reconocido en numerosas ocasiones que pese a que en los 39 artículos del proyecto se mezclan materias diversas que no son sólo el narcotráfico (regulación de multas administrativas, eguridad en establecimientos), es éste punto la causa final de la ley. No por nada el artículo 21 es el que suscita mayores controversias.

El ministro garantiza que la Ley de Seguridad protegerá la libertad de los españoles, pero los aproximadamente 10.000 manifestantes que salieron el 10 de noviembre pasado a las calles de Madrid para expresar su protesta, y los 5.000 que hicieron lo mismo el 10 de diciembre en Barcelona, no piensan lo mismo.

Corcuera responde a esas manifestaciones esgrimiendo ncuestas en las que la sociedad española solicita más seguridad ante el incremento de la drogadición y, por extensión, de los delitos contra la propiedad cometidos por drogadictos.

"CONOCIMIENTO FUNDADO"

La clave del debate que celebrará mañana el Senado gira en torno a la expresión "conocimiento fundado", inscrita en el artículo 21, párrafo 2, que, de no ser modificado, quedará como sigue: "Será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por arte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, castiga el Código Penal".

El PSOE y el Gobierno defienden esta expresión, en solitario, con un objetivo último: que los agentes de la autoridad no necesiten percibir físicamente (mediante su presencia o escuchas) la comisión del delito, sino que puedan actuar guiados por pruebas circunstanciales.

Argumentan ue numerosas operaciones antidroga se frustran porque los "camellos" arrojan al inodoro la droga mientras la Policía espera la concesión del mandamiento judicial.

Por contra, los partidos de oposición aseguran que es práctica habitual que los jueces no demoren más de lo necesario la concesión del mandamiento y se preguntan si lo que quiere el Gobierno y el partido que lo sustenta no será restar poderes a los jueces para dárselos a la Policía.

A este respecto, el Defensor del Pueblo ya ha anunciad que presentará recurso de inconstitucionalidad contra este artículo si finalmente queda redactado en esos términos.

Recursos de inconstitucionalidad contra ese artículo han anunciado también el Partido Popular y están buscando socios parlamentarios el CDS e Izquierda Unida (para juntar las 50 firmas de diputados y senadores necesarias).

Por su parte, Convergència i Unió (CiU), que junto con el PNV y los socialistas apoyó la "ley Corcuera" a su paso por el Congreso, espera un gesto del PSOE en elúltimo minuto que permita desbloquear el aislamiento a que se enfrenta mañana en el Senado el partido gobernante.

CiU quiere cambiar la expresión "conocimiento fundado" por la palabra "evidencia", que implica percepción sensorial del delito, y además exige a los socialistas que modifiquen el artículo 20, que permitirá a un policía requerir a un indocumentado para que le acompañe a comisaría en calidad de "retenido" hasta ser identificado.

Los nacionalistas catalanes pretenden un añadido en la redcción que obligue a los policías a comunicar inmediatamente al juez la "retención".

El martes pasado, el PSOE no aceptó ninguna de las 157 enmiendas parciales presentadas por la oposición al proyecto de ley a su paso por la Comisión de Interior del Senado, al tiempo que el portavoz socialista en la Cámara Alta señalaba la posibilidad de que mañana se admitan pequeñas modificaciones, pero no "sustanciales".