onvergència i Unió (CiU) y los socialistas catalanes (PSC) se opusieron a dicha iniciativa al argumentar que es más adecuado esperar el resultado de un informe de la fiscalía sobre el Consejo Comarcal del Priorat que ha sido solicitado por la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat.

Las supuestas irregularidades provienen de la etapa en que el presidente de este consejo era el convergente Josep Maria Buil, y en la que desaparecieron unos 100 millones de pesetas.

El fiscal jefe de la Audiencia deTarragona, José María Parra, anunció ayer que había enviado al fiscal general del Estado la documentación sobre estas presuntas irregularidades del Consejo Comarcal para que aquel decida si la fiscalía anticorrupción debe hacerse cargo del caso.

Los grupos de CiU y del PSC denegaron la petición del resto de la oposición al considerar también que una comisión de investigación de la Cámara catalana podría suplantar la autonomía del poder local.

El portavoz adjunto de CiU en el Parlamento catalán, Jrdi Casas, señaló ante el pleno que "esas competencias no le son propias (a la Cámara)" y que "es bueno que respetemos el juego institucional y seamos prudentes antes de calificar los hechos".

El PP, ERC e IC-EV opinaron que el Gobierno de la Generalitat puede tener responsabilidades en esta cuestión, "de carácter directo e indirecto".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, respondió a una pregunta formulada por el portavoz del PP, Josep Curto, que su Gobierno "no tiene posiblidad de intervenir" en el caso del Priorat, y que si hay otras responsabilidades, "se habrán de analizar", pero en el seno del partido.

En este sentido, Pujol recomendó al grupo del PP que actúe como hizo en su día el presidente de la formación, José María Aznar, del que dijo que esperó a que uno de sus consejeros en el gobierno de Castilla y León fuera condenado por prevaricación para actuar en el terreno político.

A otra pregunta realizada por el presidente de Iniciativa per Catalunya (IC), Raael Ribó, el presidente catalán indicó que el recorte presupuestario de la Generalitat, de unos 104.000 millones de pesetas, aún no es definitivo y que se está revisando porque, añádió, probablemente "el recorte no se podrá llevar a cabo al 100 por cien".

Por otra parte, el pleno de la Cámara catalana, el primero que tiene lugar en la nueva legislatura autonómica, aprobó hoy por unanimidad la creación de una comisión de estudio para conocer las posibilidades y la viabilidad que tendría para Cataluña e sistema del concierto económico.