En sus recursos, los periodistas estiman que dichas medidas, que prohiben el acceso de medios gráficos a las dependencias del Tribunal de Justicia, excepto para los actos solemnes, y que establecen que la información que genere el Tribunal Supremo sea facilitada únicamente a través del gabinete técnico y en una sala de prensa, vulneran el derecho a comunicar y a recibir libremente información por cualqier medio de difusión.

Los informadores estiman también que los acuerdos son contrarios a la Constitución Española, que consagra el carácter público de las actuaciones judiciales, y que fueron adoptados por un órgano manifiestamente incompetente para ello, la Sala de Gobierno. En opinión de los periodistas y de la FAPE, los únicos autorizados para limitar el acceso a las vistas son los presidentes de los tribunales.

Sin embargo, el ponente, el vocal Ignacio Sierra, propone al pleno la desestimacin de los recursos ya que, a su juicio, las medidas adoptadas por el Tribunal Supremo no vulneran dichos preceptos, sino que con ellos se asegura a los profesionales la forma en que ha de ser prestada la información, a través del Gabinete Técnico, "facilitándoles así sus tareas".

Además, señala que la prohibición de entrada en el Palacio de Justicia de las cámaras "tampoco puede considerarse lesiva para el contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos" en la Constitución, dado que son deechos que tiene su límite en otros derechos constitucionalmente reconocidos, el de la intimidad, el honor y la propia imagen.

Agregaque con el empleo de medios gráficos "puede ponerse en peligro otros derechos fundamentales" y señala que la restricción de la presencia de prensa gráfica y televisión en actos judiciales "encuentra plena justificación también en el deber de asegurar a todos los que participen en tales actos (partes, peritos, testigos, abogados e incluso el propio tribunal) que sus cometdos podrán desarrollarse serenamente, sin presión alguna".

Por ello, estima que "no cabe entender que la medida adoptada sea lesiva a la libertad de información, sino únicamente restrictiva al empleo de determinados medios tecnológicos en defensa de otros derechos fundamentales; ni tampoco vulneradora del principio de publicidad de los juicios" ya que, agrega, las medidas garantizan la presencia de los medios de comunicación escritos.

Este recurso ya fue estudiado por el pleno del CGPJ el pasado 9 de noviembre, que analizó la propuesta del entonces ponente Wenceslao Díez Argal, también a favor de desestimar el escrito de los periodistas. Sin embargo, al no lograr el suficiente número de votos, la propuesta no fue aprobada, procediéndose a nombrar a un nuevo ponente, Ignacio Sierra.