Esta iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que gestiona Plena inclusión España y que cuenta con la financiación de los fondos de la UE ‘Next Generation’, lleva tres años experimentando un modelo de vivienda en barrios y pueblos que se “presenta como alternativa” a modelos institucionalizados para las personas con discapacidad intelectual y más necesidades de apoyo.

El proyecto Mi Casa, que concluirá en diciembre de este año, entra ahora en la fase de generación de evidencias a través de los datos procedentes del análisis de la vida en pisos de 275 personas con discapacidad intelectual, en 35 pueblos y ciudades de siete comunidades autónomas.

Una de las investigaciones se realizó junto al Aguirre Lehendakari Center (ALC), una consultora adscrita a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) que nació de una colaboración con la Columbia University de Nueva York. En este caso, el equipo del ALC se centró en evaluar el impacto, desde la perspectiva del desarrollo comunitario, de este proyecto de desinstitucionalización dirigido a personas con discapacidad intelectual.

El equipo de investigación de la Aguirre Lehendakari Center se encargó de mapear el ecosistema del barrio o el pueblo en el que se ubica la vivienda para testar cómo se relacionan con los diferentes agentes del entorno. También se evalúa las conexiones que se construyen con administraciones públicas, asociaciones y el resto de la comunidad.

En el marco de esta investigación se subrayó la importancia del papel del conector comunitario, una nueva figura profesional que se ocupa de vincular recursos y personas para favorecer comunidades más acogedoras e inclusivas. “Los conectores están planteando qué es importante para la comunidad, porque para que haya verdadera inclusión, la comunidad tiene que estar preparada para ser acogedora, poder dialogar con las personas, las organizaciones y con otros colectivos”, explica Julen Larrañaga, del Aguirre Lehendakari Center.