Así lo anunció la plataforma en un comunicado en el que su presidente, Luciano Poyato, recordó que, en España, casi 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social y reivindicó el papel del Tercer Sector como un "agente clave" para la  "defensa y promoción de los derechos e intereses sociales de toda la ciudadanía" y para la "garantía del bienestar y la cohesión social”.

En este sentido, Poyato destacó que la atención que prestan las entidades sociales "sigue aumentando" y que resulta “fundamental el compromiso político, a través de los próximos PGE”, para que puedan “dar respuesta” de manera “efectiva” a las “necesidades” de las personas que se encuentran “en riesgo de exclusión, pobreza o vulnerabilidad”.

Por todo ello, la plataforma ha presentado 16 propuestas, acordadas por las principales entidades del Tercer Sector, para que sean incluidas en los PGE de 2025 con el objetivo de que los nuevos presupuestos sean “más sociales” y, según Poyato, “nos permitan alcanzar una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva en la que nadie se quede atrás".

VIVIENDA PÚBLICA E IVA SUPERREDUCIDO

Entre las medidas propuestas, la plataforma demanda la actualización a IVA superreducido a todos los productos de primera necesidad para personas con discapacidad, personas en situación de pobreza y menores; el incremento de la partida destinada al IMV y el desarrollo de una nueva estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Además, la Plataforma del Tercer Sector exige que se amplíe la oferta de vivienda pública en alquiler asequible y social, que se aumente el gasto público en becas y ayudas al estudio y que se incremente la partida del Plan Nacional sobre Drogas.

El documento de propuestas también contempla medidas para que las entidades sociales puedan contar con “mayor estabilidad” para planificar a largo plazo y aumentar, así, su “impacto social”.

Por ello, demanda que los PGE de 2025 consignen el aumento del 0,7 al 1% de la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a actividades de interés general consideradas de interés social y la eliminación de la desindexación de contratos y conciertos públicos en materia de servicios sociales que se lleven a cabo con entidades del Tercer Sector.

La Plataforma del Tercer Sector dijo “confiar” en que estas propuestas sean incorporadas en los PGE para “avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva”.