Así, la MERP recordó que en marzo de 2025 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentará su informe a la Comisión Europea y ésta responderá con las medidas que considere necesarias para “corregir” la reforma de las pensiones, en base al techo de gasto.

En este sentido, en sus recomendaciones realizadas el pasado mes de marzo, la Comisión Europea ya había apuntado que España tendría que realizar un ajuste estructural presupuestario de, como mínimo, un 0,7% del PIB, lo que supondría un recorte de algo más de 9.700 millones de euros, aplicable si el gasto crece más del 2,6%.

Según la PMP, es posible que dichos recortes se produzcan en dos direcciones: recortes a la cuantía de la pensión, de manera que se culmine la medida de pasar de 25 a 35 años para el cálculo de la pensión que el Ministerio dejó en un paso intermedio progresivo de 28 años; y hacia la consolidación y ampliación del retraso de la edad de jubilación.

La PMP apuntó además que, tras estas medidas, existen intereses económicos claros de cuestionar el sistema público de pensiones por dos vías: volviendo a hablar de la insostenibilidad del sistema público de pensiones, y enfrentando a las personas pensionistas con el resto de sectores de la sociedad, especialmente con las personas trabajadoras y las personas jóvenes.

Ante esta coyuntura, la PMP reivindicó “la necesidad de estabilizar nuestras pensiones, su blindaje constitucional y la prohibición explícita de su privatización o pérdida de poder adquisitivo”. Asimismo, alentó a “la unidad y a evitar un frentismo generacional que nadie entiende, puesto que nuestro sistema público de pensiones se basa, precisamente, en un principio de solidaridad”.