Lo hizo a través de su director, Ricardo Ibarra, quien urgió a poner en marcha esta estrategia cuyo desarrollo está contemplado en la Estrategia de Erradicación de la Violencia contra la Infancia y Adolescencia (Lopivi), una norma en cuyo primer año de aplicación reconoció que “se han producido importantes avances”, como la creación de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia o la prohibición de ciertas prácticas vejatorias hacia los menores.

En ese sentido, indicó que es “fundamental” que la estrategia se configure como “un instrumento de coordinación y orientación para la aplicación de la Lopivi en todos sus ámbitos y a todos los niveles territoriales”.

Del mismo modo, consideró “de suma importancia” que la estrategia contenga “un compromiso de financiación para garantizar las medidas previstas en la misma y hacer efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

También destacó que resulta “crucial” contar con participación infantil en la gobernanza de la estrategia, “incluyendo a grupos y redes de participación más allá del Consejo Estatal de Participación de Infancia y Adolescencia”.

Por último, recordó que hay “compromisos pendientes” de concreción en el proceso de aplicación de la Lopivi, como la creación del delegado de protección y del coordinador de bienestar, y la especialización de las estructuras judiciales y fiscales para el conocimiento y enjuiciamiento de delitos cometidos contra menores.