Lo hizo a través de un comunicado en el que explicó que desde que España ratificara su adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU en 1990, el Gobierno está obligado a presentar periódicamente informes sobre el cumplimiento de los derechos de los menores en el país.

Tras enumerar las cuestiones por las que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU se ha interesado -anteriormente mencionadas-, la Plataforma expuso que el Gobierno dispone de un año para responder a estos requerimientos, unas respuestas a partir de las cuales el propio Comité formulará sus recomendaciones, las cuales deberán ser puestas en marcha en un plazo de cinco años tras la adopción de las observaciones finales.

El director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, atestiguó que “el Gobierno tiene la oportunidad, en el último año de legislatura, de mejorar el permiso parental remunerado, de promover medidas de apoyo a la crianza que reduzcan la pobreza infantil, así como de regular el desarrollo de la Lopivi a nivel autonómico, y de realizar mejoras en la Ley de Servicios Sociales en relación con los procedimientos de retirada de tutela”.

A su juicio, el Ejecutivo se encuentra ante “una oportunidad única para poner en marcha políticas que realmente mejoren la calidad de vida y el bienestar de niños, niñas y adolescentes en España”.