Lo hizo en un comunicado en el que recogió declaraciones de su responsable de Incidencia Política, Almudena Escorial, quien celebró los avances que la norma ha provocado, pero deploró que “aún queda mucho por hacer para su plena implementación, que requiere del desarrollo de acciones a nivel estatal, autonómico y local”.

Consideró que la norma es “pionera”, puesto que “España es el único país del mundo con una legislación de este calado, que ha supuesto un avance en materia de protección de la infancia y la adolescencia y un cambio de paradigma al introducir un enfoque preventivo, creando entornos seguros en todos los ámbitos en los que se encuentran las niñas y niños”.

A pesar de ello, indicó que “el gran reto pendiente a nivel estatal” pasa por “la creación de una justicia amigable u juzgados especializados”, lo que supone “un aspecto fundamental para evitar la revictimización de la infancia víctima de violencia en los procedimientos judiciales, cuya tramitación parlamentaria debería haber comenzado antes de mayo de 2022”.

En ese sentido, señaló que actualmente hay tres proyectos de ley en tramitación parlamentaria que representan una “gran oportunidad” con el fin de “conseguir una justicia adaptada para la infancia”.

Por su parte, censuró que la Estrategia de Erradicación de la Violencia Infantil y Adolescente (EEVIA) no dispone de previsión presupuestaria y aseveró que para que la norma sea una realidad tiene que desarrollarse plenamente en todas las comunidades autónomas.

También instó a “crear entornos seguros para la infancia y la adolescencia” en el sistema de protección de menores y propuso un acuerdo de la Conferencia Sectorial para fijar unos “mínimos” por los que todos los territorios “garanticen en sus centros escolares el adecuado funcionamiento de la figura del coordinador o coordinadora de bienestar”.

Por último, la Plataforma de Infancia llamó a “trabajar para desarrollar las medidas de protección a la infancia y la adolescencia en el entorno digital” en el marco de lo establecido en la Lopivi, “teniendo en cuenta sus derechos y las oportunidades que este ámbito puede suponer” para los chavales.