Los colectivos integrados en la citada asociación entienden que dicha elevación, unida al alza general de los valores catastrales en un 5 por ciento, establecida en los Presupuestos Generales del Estado para 1992, "se traducirá en un incremento de este gravamen de más del 18 por ciento, lo que resulta a todas luces excesivo", según un comunicado.

Asimismo, ponen de manifiesto que el incremento previsto carece de correlación con la efectiva capaidad económica de los ciudadanos y resulta "injustamente onerosa para amplios colectivos, como jubilados, pensionistas, trabajadores en paro o con ingresos bajos, comerciantes y profesionales con reducidos rendimientos".

Según la Plataforma de Crítica Vecinal, la subida de los valores catastrales y la contribución tienen un "fuerte efecto inflacionista" en el coste de la vida y encarecen, de modo especial, los precios y la utilización de los pisos y demás inmuebles, sobre todo en los alquileres, tantoantiguos como nuevos.

Otro razonamiento esgrimido por el colectivo para rechazar el incremento impositivo es el hecho de que ni los salarios ni las pensiones subirán un 18 por ciento el año que viene, "ni tampoco los ingresos de muchas personas y actividades crecerán lo que lo hagan los salarios o el Indice de Precios al Consumo".

Por lo que se refiere al Impuesto sobre Actividades Económicas, la plataforma opina que este gravamen, "así como la forma en que viene a incrementar sustancialmente losimpuestos a que sustituye, ha merecido, con toda razón, unánimes críticas, desde las organizaciones empresariales hasta las ciudadanas".

En su opinión, lo más justo hubiera sido aminorar la incidencia económica de esta carga, en vez de hacerla "aún más onerosa, que es lo que ocurre con el coeficiente del 1,70, por lo que se debería haber dejado en el 1,20, como mucho".